Programa Quick wins 100 días Gestión
1. Qué es un quick win y qué no lo es
Un «quick win» (victoria rápida) es una medida que puede aprobarse y empezar a producir efectos visibles en menos de cien días, con un coste moderado, sin necesidad de reforma constitucional ni de mayorías cualificadas imposibles, y con bajo riesgo político. Su función es doble: obtener mejoras tangibles para los ciudadanos y generar credibilidad para las reformas más difíciles. No sustituyen a las reformas de fondo; son la puerta de entrada. El riesgo es el opuesto: confundir las victorias rápidas con la política de gestos, es decir, medidas simbólicas sin efecto real. Por eso, cada una de las veinte propuestas que siguen incluye un indicador verificable.
Los criterios de selección son: depender sobre todo de decisiones de gestión o de normas de rango reglamentario o legislativo ordinario, no requerir grandes inversiones nuevas, tener beneficiarios amplios o muy visibles, y encajar en las competencias del Gobierno central o poder ser impulsadas mediante convenios con las comunidades. Algunas exigen colaboración autonómica y deben pactarse en la Conferencia de Presidentes o en las conferencias sectoriales. Todas deben publicarse con un cuadro de mando público accesible, de modo que la ciudadanía y los medios puedan seguir su cumplimiento.
La experiencia internacional muestra que los primeros cien días son un momento de máxima capacidad política de un gobierno, en el que se pueden tomar decisiones que luego se vuelven imposibles. Aprovecharlos con medidas prácticas y comprobables aumenta la capacidad para sacar adelante reformas más ambiciosas. Un gobierno que pierde esa ventana en gestos y disputas suele ver agotada su capacidad reformista en el primer año.
2. Quick wins en justicia, transparencia e instituciones
1. Publicación mensual de todos los datos de listas de espera sanitarias y judiciales por centro y proceso, en formato abierto. Indicador: portal activo y datos mensuales. 2. Cuadro de mando público del cumplimiento del programa de gobierno, con indicadores y responsables. 3. Registro público de reuniones con grupos de presión y agenda de altos cargos, por real decreto para el Ejecutivo y por reglamento para las Cortes. 4. Publicación íntegra de los contratos, subvenciones y convenios de la Administración central en un portal unificado, con buscador. 5. Auditoría independiente de los organismos y empresas públicas del Estado, con calendario de disolución de los que no justifiquen su función.
6. Protocolo de renovación automática de órganos constitucionales: calendario público de mandatos con alertas de vencimiento y compromiso de los grupos de presentar candidatos con antelación; a falta de acuerdo, publicación de las propuestas rechazadas y de los motivos. 7. Código de conducta y declaración de bienes reforzado para altos cargos, con verificación aleatoria. 8. Instrucción a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía de priorizar casos de corrupción y fijar plazos objetivos de tramitación. 9. Decreto de limitación de cargos de confianza y de publicación de su identidad y funciones. 10. Protección efectiva del denunciante: activación del canal de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, con recursos y atención rápida.
El valor de estas diez medidas es la generación de confianza: la ciudadanía percibe que el nuevo gobierno actúa con transparencia desde el primer día, y los medios y organizaciones sociales pueden vigilar. Su coste es bajo y su resistencia, en gran medida, burocrática y no política, salvo en aquellos aspectos que tocan a la autonomía de otras instituciones, que se plantean como compromisos y no como imposiciones.
3. Quick wins en vivienda, sanidad, empleo y bienestar
11. Declaración de emergencia habitacional con instrucción de movilizar suelo público, y mandato de ceder terrenos del Estado (Defensa, Adif, Sepes, SEPI) a una entidad de vivienda asequible, con un primer lote de al menos 100.000 viviendas en proyecto. 12. Reforma exprés de los plazos de licencias con silencio positivo y ventanilla única. 13. Garantía de tiempos máximos en sanidad como compromiso piloto en las especialidades con más espera, con derivación a otros centros públicos o concertados si se incumple. 14. Plan de choque de atención primaria: eliminación de tareas burocráticas de los médicos y refuerzo de personal administrativo y de enfermería. 15. Homologación acelerada de títulos sanitarios extranjeros en 90 días.
16. Ventanilla única de ayudas para familias con hijos con acceso automático a las existentes (deducciones, IMV, complemento de infancia), para eliminar el no uso de prestaciones. 17. Plan 0–3: ampliación inmediata de plazas públicas y concertadas de escuela infantil con apoyo a los ayuntamientos. 18. Simplificación de trámites para autónomos y pymes: «una sola vez», declaración responsable, cese de requerimientos duplicados. 19. Prohibición de móviles en aulas de primaria y secundaria (salvo uso pedagógico) mediante acuerdo con las comunidades, y programa de educación digital. 20. Plan de verano contra incendios y emergencias: contratación estable de brigadas forestales, protocolos de aviso automático y simulacros en zonas de riesgo.
En conjunto, estas veinte medidas mejoran la gestión de servicios que los ciudadanos usan a diario y que ya tienen un respaldo social amplio. No resuelven la crisis de vivienda ni la natalidad, pero señalan una dirección y generan capacidad y datos para actuar con más ambición. Una nota de realismo: varias dependen de las comunidades autónomas, y exigen negociación y financiación; por ello, el Gobierno debe preparar los convenios antes de anunciar las medidas, para no generar expectativas que no pueda cumplir.
4. Coste, financiación y riesgos de los veinte quick wins
La mayoría de las veinte medidas tiene un coste presupuestario reducido o nulo, porque se basan en cambios de gestión, de normas o de prioridades dentro de los recursos existentes. Las excepciones son la ampliación de plazas de 0–3 años y el refuerzo de personal sanitario y de brigadas forestales, que requieren partidas adicionales de cientos de millones de euros, financiables con reasignaciones, fondos europeos y la supresión de gasto ineficaz identificado en la auditoría de organismos. La movilización de suelo público para vivienda no supone un coste de adquisición, aunque sí una inversión posterior en urbanización y construcción, que se financiaría a través de la entidad de vivienda asequible con ingresos de alquileres, avales y préstamos de largo plazo. En conjunto, el coste del paquete es inferior al 0,2 % del PIB el primer año.
Los riesgos principales son cuatro. El primero, la resistencia burocrática: cada cambio de procedimiento afecta a rutinas y a intereses de unidades administrativas, por lo que es necesario asignar un responsable político y un equipo técnico con autoridad para desbloquear obstáculos. El segundo, la dependencia de las comunidades: varias medidas exigen convenios, que pueden bloquearse por razones partidistas; conviene diseñar incentivos financieros ligados al cumplimiento y publicar los resultados por comunidad. El tercero, la expectativa excesiva: anunciar resultados inmediatos en áreas que requieren años, como la vivienda o la natalidad, genera frustración. El cuarto, la captura política: utilizar los quick wins como propaganda sin ejecución real.
Para mitigarlos, el programa propone un sistema de seguimiento con auditoría independiente: cada medida tendría un responsable con nombre, un calendario público y un indicador, y la agencia de evaluación publicaría a los noventa días un informe de cumplimiento, sin intermediarios. Si una medida no avanza, se explica por qué y se corrige o se abandona. Esa disciplina de rendición de cuentas es, en sí misma, el principal quick win: demuestra que el Gobierno acepta medirse con datos, y establece un estándar que dificulta que los gobiernos posteriores vuelvan a la opacidad.
5. Cómo medir, comunicar y no tropezar
Cada quick win debe tener un responsable nominal, una fecha y un indicador. El cuadro de mando público debe actualizarse mensualmente y señalar sin eufemismos lo que no se cumple. La comunicación debe evitar la sobreprometida: es preferible anunciar menos y cumplir que anunciar más y fallar. Una norma de estilo recomendable es publicar el diagnóstico, la medida, el coste y el indicador en un único documento de una página, comprensible para cualquier ciudadano.
Los errores más comunes en los primeros cien días son: (a) lanzar demasiados frentes a la vez y sin capacidad de ejecución; (b) confundir anuncios con resultados; (c) subestimar la resistencia de la burocracia y de los intereses afectados; (d) no coordinar con las comunidades y los ayuntamientos, que ejecutan buena parte de las políticas; (e) no comunicar con claridad los costes y los plazos, creando frustración; y (f) olvidar la evaluación. El programa recomienda, por tanto, concentrar el esfuerzo en pocos objetivos y cuidar la ejecución.
Si estas medidas funcionan, deberían traducirse en indicadores perceptibles al cabo de un año: menores esperas en consultas y cirugías, más suelo y viviendas en marcha, trámites más cortos, mayor confianza en las instituciones y primeros datos de evaluación. Lo que importa es que la ciudadanía perciba que el sistema puede mejorar. Esa es la base de legitimidad sobre la que se podrán plantear, en una segunda fase, reformas de mayor calado.