Programa Eliminar Duplicidades Aforamientos
1. Principios: eliminar con criterio, no con motosierra
Hablar de eliminar es políticamente atractivo y técnicamente delicado. Toda estructura pública tiene defensores, y muchas suprimen funciones útiles bajo etiquetas que parecen superfluas; y la historia de los recortes lineales en España (2010–2014) mostró que se pueden destruir capacidades esenciales (investigación, atención primaria, mantenimiento de infraestructuras) mientras se conserva intacto el aparato político. El programa adopta, por tanto, un criterio de selección: se propone eliminar lo que (a) duplica funciones realizadas por otra institución, (b) no tiene evaluación que demuestre su utilidad, (c) otorga privilegios sin justificación objetiva, o (d) impone trámites cuyo coste supera con claridad su beneficio.
El informe CORA de 2013 identificó más de 200 medidas con un ahorro estimado superior a 30.000 millones de euros, de los cuales se declaró cumplida una parte importante, aunque su efecto real sobre el gasto es debatido y muchas duplicidades persisten (ficha 23). Hay un problema recurrente: los ahorros anunciados no se auditan. Cualquier plan de eliminación debe acompañarse de una metodología pública, una línea de base y una verificación independiente por la agencia de evaluación propuesta.
Además, es esencial el principio de transición justa para el personal afectado: la supresión de organismos no debe traducirse en despidos arbitrarios, sino en reasignaciones, jubilaciones y reconversiones, con respeto a los derechos de los empleados públicos. El objetivo es reducir estructuras y no castigar a las personas, y en muchas áreas hay déficit de personal cualificado (sanidad, justicia, ciberseguridad) al que podrían reorientarse recursos humanos.
2. Privilegios institucionales y políticos
Aforamientos: eliminar los de diputados autonómicos, miembros de gobiernos autonómicos, jueces y fiscales para delitos comunes (no vinculados al ejercicio de la función) y los de familiares de la Casa Real, salvo los estrictamente necesarios del Rey y de los titulares de los grandes órganos constitucionales (ficha 37). Cerca de 250.000 personas están aforadas en España según los distintos cómputos, contando policías y guardias civiles en ciertos supuestos, una cifra única en Europa. Inviolabilidad del Rey: limitar su extensión a los actos del cargo y establecer vías de responsabilidad para los actos privados (ficha 30). Pensiones y prerrogativas de expresidentes y exaltos cargos sin función efectiva, y puertas giratorias sin periodo de enfriamiento adecuado.
Cargos de confianza y asesores: limitar su número por ley y publicar su identidad, retribución y funciones; muchos gobiernos y parlamentos superan los miles de puestos de designación política (ficha 12). Coches oficiales, escoltas, gastos de representación sin control: auditoría y publicación periódica. Subvenciones nominativas a entidades afines, partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, sin concurrencia: sustituir por convocatorias competitivas con evaluación. Financiación privada de partidos con opacidad y fundaciones asociadas que eluden los límites.
Estas medidas son de impacto presupuestario limitado en términos macroeconómicos, pero de enorme impacto simbólico y de legitimidad: la ciudadanía acepta con más facilidad los sacrificios cuando percibe que quienes gobiernan los comparten y que los privilegios injustificados se eliminan. La percepción de impunidad y de casta es una de las razones de la desafección (ficha 13), y la reforma de los privilegios es una condición para recuperar autoridad moral.
3. Duplicidades administrativas y organismos redundantes
Duplicidades Estado–comunidades: defensores del pueblo autonómicos, tribunales de cuentas autonómicos, agencias de protección de datos, consejos consultivos, oficinas de representación exterior y empresas de comunicación con funciones superpuestas (fichas 16 y 23). La fusión o la integración funcional bajo una única estructura nacional con delegaciones territoriales reduciría costes sin perder cobertura. Entes instrumentales: miles de empresas públicas, fundaciones y consorcios con escasa actividad (varios miles de entidades en el conjunto de las administraciones, según los inventarios oficiales). Un inventario con una regla simple: toda entidad que no justifique su función en tres años se disuelve.
Diputaciones y entes intermedios (ficha 21): reordenación de sus funciones hacia la asistencia a pequeños municipios y la supresión de duplicidades con las comunidades uniprovinciales, en las que su papel es redundante, con una reforma que podría ahorrar miles de millones a largo plazo pero que exige negociaciones difíciles. Municipios inviables: fusiones voluntarias incentivadas y mancomunidades obligatorias para servicios básicos en municipios de menos de 1.000 habitantes (ficha 22). Organismos reguladores solapados: integración de los reguladores en una autoridad de competencia y regulación sectorial con garantías de independencia reales (ficha 34).
Una dimensión poco discutida es la de la dispersión de ministerios: cada cambio de gobierno altera la estructura ministerial con cientos de altos cargos nuevos y costes de reorganización. Una ley que fije un número máximo de ministerios y una estructura estable reduciría el uso partidista de la organización administrativa. Y en las comunidades autónomas, un tope legal a las consejerías, direcciones generales y empresas públicas, ligado a la población, fijaría un techo razonable.
4. Trámites, normas y gasto ineficaz
Trámites: aplicar el principio de «una sola vez» (la administración no puede pedir un documento que ya tiene), eliminar autorizaciones previas sustituibles por declaración responsable, silencio administrativo positivo generalizado con plazos máximos, y supresión de requisitos de colegiación obligatoria o licencias sin justificación de interés general (ficha 57). Normas: una purga sistemática del ordenamiento: derogar normas obsoletas, refundir textos dispersos y fijar una regla de «una entra, una sale» (ficha 10). España tiene decenas de miles de normas vigentes en el conjunto de los niveles territoriales, con un cumplimiento difícil de asegurar.
Beneficios fiscales sin evaluación o regresivos: revisión sistemática del gasto fiscal (más de 40.000 millones de euros al año) (ficha 54), con eliminación de los que no demuestren su eficacia. Subvenciones sin evaluación (energéticas, agrarias, culturales, empresariales): condicionarlas a resultados medibles. Obras sin demanda (aeropuertos infrautilizados, líneas de alta velocidad con escasa ocupación, autopistas radiales en quiebra): una auditoría de las infraestructuras y un criterio de rentabilidad social para decidir su mantenimiento o cierre (ficha 59).
También se deben eliminar contradicciones normativas como el diferente régimen de licencias, tasas y requisitos entre territorios para actividades económicas idénticas, que fragmentan el mercado interior español, y que la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado de 2013 no ha resuelto del todo. El mercado único europeo no sirve de mucho si dentro de España hay diecisiete mercados regulatorios distintos.
5. Límites: lo que no se debe eliminar
Para evitar malentendidos, conviene precisar lo que el programa no propone eliminar: no se propone suprimir servicios públicos esenciales, ni recortar el gasto social en términos agregados (al contrario, se propone redirigirlo hacia la infancia, la dependencia y la vivienda), ni desmantelar la protección de los más vulnerables, ni reducir los medios de la justicia o de la sanidad. Tampoco se propone eliminar las lenguas cooficiales o la pluralidad cultural; se propone clarificar sus costes y garantizar derechos efectivos sin duplicidad innecesaria (ficha 24). Y no se propone una purga de funcionarios, sino una reorganización con reconversión.
El criterio central es la calidad del gasto, no su cantidad. Un país puede gastar mucho en lo que funciona y poco en lo que no. España tiene un gasto público en torno al 42–45 % del PIB, inferior al de Francia pero similar al de otros países europeos, y una parte importante se dirige a pensiones y a deuda, lo que deja un margen limitado para las demás partidas. Por eso, reducir las partidas de menor valor es una necesidad para financiar las prioridades (vivienda, infancia, cuidados, defensa) sin elevar indefinidamente los impuestos.
Un último matiz: algunos elementos que «sobran» desde el punto de vista económico tienen un valor simbólico o identitario para ciertos ciudadanos (la monarquía, las diputaciones, los símbolos territoriales). El programa los analiza con criterios de costes y beneficios (fichas 28–30 y 21), pero reconoce que la decisión final depende también de valores, y no puede imponerse sin consenso. Eliminar por razones de eficiencia lo que la sociedad valora por razones de identidad exige persuasión, no decreto.