Programa Hoja de ruta Pacto de Estado Participación ciudadana
1. Síntesis del diagnóstico: cinco fallos de fondo
Tras cien fichas, el diagnóstico puede resumirse en cinco fallos estructurales. Primero, un desequilibrio de poderes en el que los partidos controlan el Ejecutivo, el Legislativo y, a través de los nombramientos, buena parte del Judicial, los reguladores y los medios públicos, de modo que los mecanismos de control no funcionan cuando más se necesitan. Segundo, una organización territorial sin diseño final, con competencias difusas, financiación opaca, duplicidades de aparato y un conflicto político permanente que consume recursos y atención. Tercero, una baja capacidad de gestión pública (justicia lenta, administración digital deficiente, ejecución defectuosa de fondos, coordinación entre niveles) que convierte buenas leyes en malos resultados.
Cuarto, una quiebra del contrato entre generaciones: los jóvenes no acceden a vivienda ni a empleo estable, la natalidad es de las más bajas del mundo y el sistema de pensiones y el gasto público se orientan hacia los mayores, con una pobreza infantil elevada. Quinto, una dependencia estratégica creciente: de la energía y las materias primas importadas, de los proveedores tecnológicos extranjeros, de la UE en materia fiscal y regulatoria, de Estados Unidos en defensa y de Marruecos en materia migratoria, con escasa discusión pública sobre qué intereses propios se defienden —ni sobre un plan B (mercado hispanoamericano, diversificación con Asia) si Bruselas no reforma.
Estos cinco fallos se refuerzan entre sí: la politización de las instituciones dificulta la gestión; la gestión deficiente genera desafección; la desafección alimenta la polarización; la polarización bloquea las reformas; y sin reformas los fallos persisten. Es un círculo vicioso que solo se rompe actuando simultáneamente sobre varios elementos y con mecanismos que no dependan de la buena voluntad de los actores, sino de reglas que alineen los incentivos.
2. La secuencia: tres fases y un calendario
Fase 1 (0–12 meses): credibilidad y gestión. Quick wins (ficha 99), publicación de datos, reforma del funcionamiento de los órganos de control por ley ordinaria, auditoría de organismos, plan de choque en sanidad y vivienda, simplificación administrativa, lanzamiento de la agencia de evaluación y de la oficina de calidad normativa, y preparación de un gran pacto de Estado sobre educación, vivienda y justicia. Objetivo: demostrar que el sistema puede mejorar y reconstruir confianza. Fase 2 (12–36 meses): reformas legislativas. Reforma del CGPJ, Fiscalía y Constitucional; nueva LECrim; reducción de aforamientos; nueva financiación autonómica y lista de competencias; reforma de la ley electoral y del Senado si hay consenso; ley de vivienda y suelo; ley de cuidados y estrategia demográfica; Revisión Estratégica de la Defensa; reforma de la ley de secretos oficiales.
Fase 3 (3–8 años): reforma constitucional y consolidación. En función de los resultados de las fases anteriores y del consenso político alcanzado: reforma constitucional del Título VIII (organización territorial), del Senado, de los mecanismos de reforma (arts. 167 y 168), de las instituciones de control (Poder Vigilante) y, si existe una mayoría social suficiente, del debate sobre la jefatura del Estado. Una reforma constitucional exige mayorías de tres quintos o de dos tercios y referéndum en ciertos supuestos, por lo que solo es viable con un acuerdo entre los grandes partidos. El orden de las fases importa: empezar por la reforma constitucional sin haber demostrado capacidad de gestión sería arriesgado.
Cada fase debe tener un hito de evaluación pública. Si en el hito 1 no se demuestra una mejora tangible, la segunda fase pierde legitimidad; si en el hito 2 las reformas no producen resultados, la tercera debe replantearse. Este enfoque secuencial y evaluable es, en sí mismo, una forma de reforma institucional: poner la evidencia por delante de la ideología.
3. Quién tiene que pactar con quién, y por qué es difícil
Las reformas más importantes necesitan acuerdos entre los grandes partidos nacionales, y en ciertos casos con partidos nacionalistas y regionalistas que tienen intereses distintos. La polarización actual (ficha 14) dificulta esos acuerdos, pero la historia de España muestra que se han logrado en momentos de crisis o de consenso social amplio: los Pactos de la Moncloa (1977), la Constitución (1978), el Pacto de Toledo (1995) sobre pensiones, el Pacto Antiterrorista (2000), la reforma del artículo 135 (2011) y la gestión parcial de los fondos europeos. La condición habitual ha sido una amenaza percibida como mayor que el coste de ceder, y un liderazgo dispuesto a asumir riesgos.
El programa propone aprovechar tres palancas de presión: la condicionalidad europea (la Comisión puede exigir reformas a cambio de fondos), la presión social y mediática basada en datos públicos y comparaciones internacionales, y las crisis (como la DANA, el apagón o la corrupción) que abren ventanas de oportunidad. Un pacto de Estado puede articularse en torno a cinco ejes: justicia y calidad institucional, vivienda y juventud, educación, financiación territorial y pensiones y demografía. Cada partido puede ceder en un eje y ganar en otro, y el reparto de costes y beneficios debe ser equilibrado.
También cabe la opción de reformas desde abajo: comunidades autónomas y ayuntamientos que adopten por su cuenta buenas prácticas (transparencia radical, evaluación de políticas, simplificación, vivienda pública), que sirvan de ejemplo y generen presión por imitación. Es lo que se denomina «federalismo experimental»: aprovechar la diversidad territorial como laboratorio, algo que el actual modelo permite si se cuenta con voluntad.
4. Riesgos, críticas razonables y límites del programa
Un programa de esta amplitud tiene riesgos que deben señalarse. Riesgo de sobredimensión: querer reformar demasiado a la vez, sin capacidad de ejecución. Riesgo de captura: que las nuevas instituciones sean tomadas por los mismos intereses partidistas que se quiere evitar. Riesgo de tecnocracia: que la evaluación y los expertos desplacen el debate democrático legítimo sobre valores y prioridades. Riesgo de recentralización excesiva o, a la inversa, de dispersión. Riesgo fiscal: que los compromisos de gasto (vivienda, cuidados, defensa, familia) superen la capacidad real de financiación sin reformas de ingresos. Riesgo político: que la polarización convierta cada reforma en un arma partidista.
Críticas razonables: desde la izquierda, que varias propuestas debilitan la protección frente a las élites económicas o infravaloran la acción pública redistributiva; desde la derecha, que se confía demasiado en el Estado para resolver problemas, con más organismos y más regulación; desde el nacionalismo periférico, que el programa subestima la plurinacionalidad y el valor del autogobierno; desde el centralismo, que no es lo bastante ambicioso en la recentralización; y desde el europeísmo y el atlantismo, que el análisis de la UE y la OTAN como cargas puede alimentar posiciones peligrosas. Son críticas que el taller acepta como parte del debate, y que no se resuelven con consignas, sino con datos y deliberación.
Conviene recordar los límites del taller: muchos datos son aproximados y deben verificarse con fuentes primarias antes de usarlos en un debate formal; las estimaciones de coste son órdenes de magnitud; las valoraciones políticas son opiniones fundamentadas, no verdades; y las propuestas deben adaptarse a la evolución del contexto. El valor de este trabajo no está en tener razón en todo, sino en ofrecer un marco ordenado, franco y verificable para pensar el país.
5. Qué puede hacer cada ciudadano aunque los partidos no se muevan
La reforma institucional no depende solo de los partidos. Un ciudadano o grupo de ciudadanos puede: informarse con fuentes primarias (BOE, INE, Eurostat, AIReF, Tribunal de Cuentas, informes del Defensor del Pueblo) y compartir datos verificables; exigir transparencia usando el derecho de acceso a la información pública y los portales de datos abiertos; participar en consultas, presupuestos participativos, asociaciones vecinales y consejos locales; votar con criterio, premiando la gestión y la honestidad y no solo la identidad; apoyar a medios y organizaciones independientes que hacen periodismo de datos y vigilancia; y presionar a su representante con preguntas concretas sobre las propuestas de este programa.
En el plano local, donde las reformas son más rápidas y los resultados más visibles, se puede exigir a ayuntamientos y comunidades: publicar contratos y subvenciones, simplificar licencias, abrir el suelo para vivienda asequible, evaluar programas y reducir duplicidades. El cambio institucional se construye también desde abajo, con exigencia constante y cooperación entre ciudadanos, profesionales y funcionarios comprometidos. Muchas de las mejoras de las últimas décadas (transparencia, igualdad, protección del consumidor) nacieron de la presión social sostenida.
Este taller concluye con una convicción: España tiene los recursos, el talento y las instituciones básicas para funcionar mejor. Lo que le falta no es riqueza sino gestión, ni leyes sino aplicación, ni diagnóstico sino pacto. Quien quiera una España más eficaz, más justa y más honesta debe exigirla con datos, sin renunciar a la discrepancia, y sin dejar que el pesimismo o el cinismo ocupen el lugar de la acción. Esa es, al final, la mejor reforma posible.