Programa Reformas Justicia Financiación autonómica
1. Reformar el funcionamiento de los poderes y la justicia
Las reformas más urgentes en materia institucional afectan a la elección y funcionamiento de los órganos que deberían controlar al poder. CGPJ: que los doce vocales de origen judicial sean elegidos por los propios jueces, como exige el Consejo de Europa, con garantías de pluralidad, eliminando la designación parlamentaria de jueces por cuotas de partido (ficha 36). Fiscal General del Estado: modificar el sistema de nombramiento, con idoneidad avalada por mayoría reforzada, mandato fijo y no renovable, y causas tasadas de cese, y avanzar hacia la instrucción por el fiscal con control del juez de garantías, a condición de blindar su independencia (ficha 38). Tribunal Constitucional: renovación automática con plazos y sin bloqueos, con mayorías y límites a la prórroga, y reformas para evitar que se convierta en una tercera cámara (ficha 39).
Aforamientos: reducción drástica, limitándolos a los titulares de los órganos constitucionales y suprimiendo los de cientos de cargos autonómicos y locales (ficha 37). Justicia: dotación de plazas judiciales, digitalización real, simplificación procesal y una LECrim moderna para sustituir a la de 1882 (fichas 40 y 45). Corrupción: plazos máximos de instrucción compatibles con garantías, suspensión de la prescripción durante el proceso y agilización de los macrojuicios (ficha 41). Indultos y amnistías: motivación reforzada, informe vinculante del tribunal sentenciador y límites constitucionales explícitos (ficha 42).
El principio común de estas reformas es la despolitización de los órganos de control y la creación de mecanismos que dificulten el bloqueo y la captura. El rasgo que comparten es que no exigen reforma constitucional en su mayoría (se pueden hacer por ley orgánica), pero sí exigen un acuerdo entre los grandes partidos, que durante años ha sido imposible porque cada uno prefiere controlar los órganos cuando gobierna. Por eso, la solución es institucional: reglas que funcionen con independencia de quién gobierne y de quién tenga la mayoría.
2. Reformar el modelo territorial y la financiación
En el terreno territorial, el programa propone una secuencia gradual: primero mejorar el sistema vigente, después decidir el modelo final. En lo inmediato: una lista cerrada de competencias (ficha 17) que reduzca la litigiosidad ante el Tribunal Constitucional; un nuevo sistema de financiación autonómica con criterios objetivos de necesidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal, que deje de ser una negociación política bilateral y se revise de manera periódica y automática (ficha 19); racionalización de las duplicidades del aparato administrativo (fichas 16 y 23); Senado con representación territorial efectiva y con competencias reales en asuntos autonómicos (ficha 20); y mecanismos de cooperación estables (ficha 26).
En cuanto a los regímenes forales, el programa propone homogeneizar el sistema con una cláusula de solidaridad que haga explícita y objetiva la contribución del País Vasco y Navarra a las cargas generales del Estado (el cupo), recalculada con criterios transparentes y sin negociaciones políticas opacas (ficha 18). Una solución similar cabe para el debate sobre la financiación singular de Cataluña: cualquier modelo debe respetar los principios de solidaridad, transparencia y ordinalidad (quien más aporta no puede quedar por debajo en financiación per cápita de quien menos aporta), y debe someterse a una revisión parlamentaria con participación de todas las comunidades.
El destino final, la hipótesis de un Estado unitario con 52 demarcaciones (ficha 15) o de un federalismo cooperativo reforzado (ficha 26), se plantea como una decisión de segunda fase, que requiere reforma constitucional por el procedimiento agravado y por tanto un amplio acuerdo político y social, difícil de lograr en el contexto actual. El programa insiste en que el mejor camino es probar primero las reformas incrementales y evaluar sus resultados; si el modelo actual mejora, quizá no hará falta cambiarlo; si no, la evidencia respaldará un cambio más profundo.
3. Reformar el Estado de bienestar: pensiones, sanidad, educación y empleo
En pensiones: transparencia en proyecciones, un mecanismo automático y creíble de sostenibilidad, flexibilidad para jubilación gradual, incentivos reales al retraso voluntario de la jubilación y una cuenta individual informativa que muestre a cada trabajador lo que ha cotizado y lo que recibirá (fichas 61–62). En sanidad: tiempos máximos garantizados, datos abiertos, historia clínica única, refuerzo de la atención primaria, carrera profesional y reforma del Estatuto Marco (fichas 67–68). En educación: un pacto de Estado con estabilidad legislativa de al menos quince años, evaluación externa de centros, autonomía con rendición de cuentas, formación y carrera docente por mérito, y una expansión de la FP dual (fichas 64–66).
En empleo: simplificar la contratación, reducir la dualidad que persiste en la práctica a través de contratos fijos discontinuos y la rotación, y reorientar las políticas activas con evaluación (fichas 56–57). En protección social: integrar las rentas mínimas estatal y autonómicas en un solo sistema automático con acceso simplificado, y priorizar la infancia (fichas 63 y 72). En vivienda: pasar de medidas de control de precios aisladas a una política de oferta, con simplificación urbanística, suelo y vivienda pública, y mayor seguridad jurídica para propietarios e inquilinos (fichas 47–50).
Estas reformas no son sencillas y tienen costes políticos. La reforma de pensiones choca con un electorado envejecido y numeroso; la de sanidad, con corporaciones y comunidades; la de educación, con guerras ideológicas; la del empleo, con sindicatos y patronales. Un gobierno que quiera tocar estos asuntos necesita una estrategia de comunicación basada en datos, mecanismos de compensación para los perdedores y un horizonte de resultados a medio plazo. La combinación de transparencia, pacto y evaluación es lo único que ha hecho sostenibles las reformas en otros países.
4. Reformar la política fiscal, la energía y la política exterior
En fiscalidad (ficha 54): revisión de los beneficios fiscales regresivos o ineficaces, simplificación del sistema, lucha contra el fraude con medios y datos cruzados, armonización de impuestos cedidos para evitar competencia fiscal a la baja entre comunidades (patrimonio, sucesiones) y reducción de la cuña fiscal sobre bajos salarios. En deuda y reglas fiscales (ficha 55): regla de gasto creíble con un consejo fiscal independiente y una senda de reducción de la deuda que dé margen ante crisis. En energía (fichas 51–53): refuerzo de redes y almacenamiento, mantenimiento de la capacidad nuclear mientras sea económicamente y técnicamente razonable, tarifas simples, y protección eficaz de hogares vulnerables.
En política exterior y de defensa (fichas 89–95): posición de socio exigente en la UE, con una agenda de simplificación regulatoria, solidaridad migratoria real y reformas de gobernanza; permanencia en la OTAN con aumento de gasto progresivo y planificado según una Revisión Estratégica, prioridad al pilar europeo y reconocimiento político del flanco sur; relación estratégica con Marruecos basada en intereses mutuos y con las capacidades de defensa necesarias para no depender de la buena voluntad del vecino; y proyección económica y cultural hacia América Latina y el Mediterráneo.
Un hilo conductor: allí donde el diagnóstico apunta a un diseño institucional que premia comportamientos indeseables (política por cuotas, competencias difusas, financiación no vinculada a resultados, regulación sin evaluación), la solución consiste en cambiar los incentivos y no solo en apelar a la buena voluntad. Las reformas efectivas son las que hacen que lo correcto sea lo más fácil y lo incorrecto lo más costoso para quien decide.
5. Orden de dificultad y alianzas posibles
No todas las reformas tienen el mismo grado de dificultad política. Las más fáciles son las que no tienen perdedores organizados y dependen de la gestión: digitalización, datos abiertos, simplificación de trámites, tiempos máximos en sanidad con mejora de gestión. Las de dificultad media exigen pacto entre partidos pero tienen amplia aceptación social: reforma del CGPJ y de la Fiscalía, reducción de aforamientos, calidad legislativa, agencia de evaluación. Las difíciles afectan a intereses económicos o territoriales poderosos: financiación autonómica, cupo foral, ley electoral, pensiones. Y las muy difíciles exigen reforma constitucional: organización territorial profunda, jefatura del Estado, Poder Vigilante.
Las alianzas posibles combinan a actores diversos: asociaciones de jueces y fiscales para las reformas de la justicia, consumidores y pymes para la simplificación, jóvenes y organizaciones de infancia para vivienda y pobreza, sociedades científicas para la política de datos y evaluación, y colectivos de ciudadanos que hoy están desafectos de la política pero favorables a la regeneración institucional. Un movimiento reformista necesita apoyo social transversal; las reformas basadas en intereses sectoriales o partidistas se debilitan.
Conviene ser realista: ningún partido actual tiene incentivos inmediatos para hacer estas reformas, porque casi todas limitan el poder de quien gobierna. Por eso la presión social, la transparencia de los datos y el uso de las ventanas de oportunidad (crisis, escándalos, elecciones muy ajustadas, condicionalidad europea) son los motores más probables. Un taller como este no cambia las leyes, pero sí puede contribuir a que el debate se haga con datos y con propuestas concretas.