Gasto en defensa Autonomía estratégica Estados Unidos Industria de defensa
1. Los números: de dónde parte España
El compromiso de la cumbre de Gales (2014) fijó un objetivo de gasto en defensa del 2 % del PIB para 2024. España ha estado sistemáticamente en la cola de la Alianza: en torno al 1 % del PIB durante años. Según las estadísticas OTAN de gasto en defensa (definición OTAN, distinta del presupuesto del Ministerio), el esfuerzo rondó el 1,3–1,4 % del PIB en 2024 y las estimaciones públicas posteriores sitúan el ~2,0 % en 2025e (cumplimiento del umbral de Gales). Con un PIB en torno a 1,6 billones de euros, cada punto porcentual equivale a unos 16.000 millones anuales. Los objetivos de cumbres posteriores (alzas hacia el 3,5 % «core» y, en algunos textos, un 5 % ampliado a seguridad e infraestructuras en horizontes 2030–2035) deben citarse siempre con la fuente OTAN del año correspondiente: las cifras exactas y el calendario varían según comunicado. Sin estrategia de capacidades, subir el porcentaje es un número, no una defensa.
El Gobierno anunció en abril de 2025 un plan para alcanzar el 2 % de forma inmediata (con un paquete de unos 10.500 millones adicionales, parcialmente reclasificando gasto en ciberseguridad, apoyo a Ucrania y otros conceptos), y en la cumbre de La Haya consiguió que se reconociera una excepción o flexibilidad, defendiendo que el 2,1 % era suficiente para cumplir las capacidades acordadas, algo que el secretario general de la OTAN y el presidente de Estados Unidos cuestionaron con dureza, y que dio lugar a amenazas arancelarias. España quedó aislada en el seno de la Alianza, con una posición vista como oportunista por muchos socios.
Al margen de la discusión sobre la cifra, hay un problema de realismo: un aumento del gasto de esa magnitud no se absorbe de manera eficiente en pocos años. Faltan personal, capacidad industrial, programas maduros y estructuras de adquisición ágiles. Gastar más sin mejorar las capacidades sería un desperdicio, y la experiencia española en grandes programas (submarino S-80, helicópteros, aviones de transporte A400M, vehículos blindados) incluye retrasos y sobrecostes considerables.
2. Coste de oportunidad: qué se deja de hacer
El presupuesto público español tiene un margen limitado: la deuda supera el 100 % del PIB, los intereses de la deuda superan los 35.000 millones anuales, y las partidas de pensiones, sanidad, educación y dependencia crecen por demografía. Cualquier incremento sustancial del gasto de defensa se financiaría con una combinación de más impuestos, más déficit o recortes en otras áreas. Gastar 20.000 o 40.000 millones adicionales en defensa equivale a decidir no gastarlos en vivienda, en atención a la dependencia, en infraestructuras ferroviarias o en reducción de deuda. En los países con mayor presión fiscal y espacio presupuestario, la decisión es menos dolorosa; en España, más.
Cuando se afirma que «la seguridad no tiene precio», se olvida que sí lo tiene, y que depende de la probabilidad y la gravedad de las amenazas. Una parte de la ciudadanía considera que la prioridad es la protección social y que la amenaza militar directa a España es remota; otra que, si no se invierte en defensa, el país se queda desprotegido y se convierte en un parásito de los aliados. Ambas posiciones merecen respeto democrático, y lo que corresponde es una discusión pública informada, que hasta ahora ha estado ausente.
El efecto económico del gasto militar no es nulo: puede generar empleo, tecnología y exportaciones si se gasta en industria nacional o europea, con retornos (aunque inferiores a los de la inversión civil en educación o infraestructuras según la mayor parte de los estudios). La clave es el diseño: contratos competitivos, contenido industrial nacional, transferencia de tecnología y cooperación europea. El peor escenario es gastar mucho en compras llave en mano a proveedores estadounidenses, sin retorno industrial.
3. La dependencia de Estados Unidos: capacidades que Europa no tiene
La OTAN es, en la práctica, un sistema en el que Estados Unidos aporta una parte desproporcionada de las capacidades críticas: inteligencia y reconocimiento por satélite, transporte estratégico, reabastecimiento en vuelo, defensa antimisiles, mando y control, guerra electrónica y, sobre todo, la disuasión nuclear ampliada. Europa, y España entre ella, no puede sustituir esas capacidades a corto plazo. Esto crea una dependencia profunda: las decisiones de Washington sobre su compromiso con Europa determinan en buena medida la seguridad del continente. En los últimos años, los mensajes de la Administración Trump (cuestionando la defensa de aliados que no gastan lo suficiente, vinculando el apoyo militar a exigencias comerciales o territoriales y negociando con Rusia sobre Ucrania sin los europeos) han provocado una conmoción en las capitales europeas.
La lección es que el paraguas estadounidense, que durante ocho décadas se dio por sentado, ya no es incondicional, y que la próxima Administración, sea de uno u otro signo, tendrá como prioridad Asia y el desafío chino. Una Europa que depende de la buena voluntad de un aliado variable es vulnerable. Para España, que contribuye menos de lo que debería y que ha mantenido con la Administración Trump una relación tensa, el riesgo de quedar relegada en el reparto de la atención aliada es real.
Además, la dependencia se extiende a la industria y la tecnología: aviones (F-35, F-18), sistemas Patriot, drones y armamento comprado en el exterior suponen una subordinación a las condiciones de venta y de uso decididas por el proveedor, con licencias de exportación, mantenimiento y actualizaciones que se pueden convertir en palancas políticas. La soberanía real de un país depende de qué capacidades puede operar sin el permiso de otro.
4. Autonomía estratégica europea: la alternativa que no existe todavía
La respuesta natural a la dependencia es la autonomía estratégica europea: un pilar europeo de defensa dentro o paralelo a la OTAN, con capacidades propias, industria integrada y mando coordinado. El impulso se ha acelerado tras 2022: planes como ReArm Europe/Preparación 2030 con cientos de miles de millones de euros movilizables, el instrumento SAFE de préstamos conjuntos para compras de defensa, la ampliación del Fondo Europeo de Defensa y las propuestas de una «Unión de Defensa». España tiene capacidad industrial relevante (Navantia en construcción naval, Airbus Defence and Space, Indra en sistemas electrónicos, Santa Bárbara en munición y vehículos) que puede beneficiarse de una política industrial de defensa europea.
Pero la autonomía estratégica enfrenta obstáculos formidables: fragmentación industrial (decenas de tipos de carros de combate, aviones y fragatas, frente a un puñado en Estados Unidos), rivalidades nacionales (como la crisis del programa FCAS entre Francia y Alemania, en el que España participa a través de Indra), diferencias de percepción de amenaza, ausencia de mando unificado y, sobre todo, la disuasión nuclear: solo Francia y Reino Unido disponen de ella, con arsenales muy inferiores a los de Estados Unidos o Rusia y con doctrinas nacionales. Sin un sustituto creíble del paraguas nuclear estadounidense, la autonomía es limitada.
En definitiva, la alternativa a la dependencia no se improvisa. Requiere una década de inversión sostenida, voluntad política conjunta y una política industrial coherente. Mientras tanto, la OTAN, con todas sus limitaciones, es la única estructura que ofrece una defensa colectiva creíble. Ahí reside el dilema: depender de una potencia cuya fiabilidad se cuestiona o asumir un riesgo de seguridad mientras se construye la alternativa.
5. Valoración del capítulo: una carga real, con un precio de partida que España no ha pagado
El balance de la carga es claro: la OTAN exige un gasto creciente, genera dependencia tecnológica y estratégica de un aliado menos fiable, y expone a España a riesgos (por las bases y por las misiones) que no se corresponden con su principal vulnerabilidad. Es una carga financiera real, con un coste de oportunidad significativo para un país con deuda alta y gasto social creciente. Y es una carga política, en tanto fija prioridades de seguridad definidas por otros, en el flanco oriental, que no coinciden con las españolas del sur.
Al mismo tiempo, es evidente que España ha disfrutado durante décadas de un gasto bajo en defensa gracias a la protección colectiva, un caso clásico de aprovechamiento (free-riding) que sus aliados le reprochan con razón. Parte de la «carga» actual es, en realidad, el ajuste de una deuda estratégica acumulada: durante cuarenta años España pagó menos de lo que le correspondía por su tamaño económico, y ahora se le exige igualar. La queja sobre el coste debería ir acompañada de reconocimiento de este hecho.
El debate sobre la cifra concreta (2 %, 3,5 %, 5 %) es menos importante que la calidad del gasto: ¿qué capacidades necesita España, para qué amenazas, con qué industria y en qué marco aliado? Responder a esa pregunta requiere una Revisión Estratégica de la Defensa seria, presentada al Parlamento, con presupuesto plurianual y evaluación independiente, algo que no existe actualmente. Sin ella, cualquier cifra es un número arbitrario.