Disuasión Defensa española Revisión estratégica Servicio militar
1. El valor de la disuasión: por qué funciona y cuánto vale
La disuasión consiste en convencer a un adversario potencial de que el coste de atacar superará con creces el beneficio esperado. La OTAN ha logrado, desde 1949, que ningún miembro de la Alianza haya sido invadido por un Estado adversario, un registro excepcional en la historia europea. Ese resultado se debe a la combinación de capacidades militares convencionales, disuasión nuclear y, sobre todo, la certeza de que atacar a un miembro supone enfrentarse al conjunto. La invasión de Ucrania en 2022 reveló, por contraste, el precio de estar fuera: un país no integrado en la Alianza, sin garantías de seguridad claras, fue atacado, mientras que los miembros de la OTAN no lo fueron, y Finlandia y Suecia dedujeron que su neutralidad histórica ya no era una protección suficiente.
El valor de la disuasión es difícil de medir porque es contrafactual: si funciona, no ocurre nada. De ahí el debate recurrente: ¿se paga por una protección contra amenazas que no se materializarían de todos modos? Es la pregunta que se hacen quienes piensan que España, lejos del frente oriental, podría prescindir del escudo. La respuesta depende de una estimación de probabilidades que ninguna ciencia exacta puede dar, pero hay un argumento prudencial: el coste de un error de cálculo en materia de seguridad es tan alto, y tan irreversible, que justifica pagar una prima de seguro significativa.
También hay que reconocer los límites de esa disuasión: para España, el riesgo más probable no es una invasión rusa, sino amenazas híbridas (ciberataques, desinformación, sabotajes, presión migratoria instrumentalizada, acciones contra infraestructuras críticas) y crisis en el sur. Frente a esas amenazas, la OTAN ofrece un apoyo parcial; la respuesta tiene que ser fundamentalmente nacional y europea, con capacidades de seguridad interior, ciberdefensa y resiliencia.
2. Las opciones: quedarse igual, reformar, europeizar o salir
Se pueden distinguir cuatro escenarios. Opción A, statu quo: seguir como hasta ahora, cumpliendo mínimos, con un gasto en torno al 2 % y evitando el conflicto con aliados. Ventaja: coste moderado y estabilidad. Riesgo: pérdida de credibilidad y de influencia en la Alianza, y vulnerabilidad si Washington redefine sus compromisos. Opción B, quedarse y aumentar: asumir el esfuerzo de gasto acordado (3,5 % o 5 %), modernizar las Fuerzas Armadas y la industria. Ventaja: credibilidad, seguridad y retorno industrial. Riesgo: coste fiscal muy elevado y recortes en otras políticas, con contestación social.
Opción C, europeizar: permanecer en la OTAN, pero concentrar el esfuerzo en un pilar europeo con capacidades propias, industria integrada y gasto coordinado, buscando reducir la dependencia de Washington. Ventaja: autonomía y economías de escala; además, el gasto tiene retorno industrial europeo. Riesgo: tiempo, rivalidades y necesidad de aceptar liderazgo de otros países. Opción D, salir y adoptar una neutralidad armada o un modelo no alineado: ventaja, libertad de decisión y menor exposición a conflictos ajenos; riesgo, pérdida de protección, aislamiento diplomático y la necesidad de un gasto de defensa propio, probablemente mayor, para disuadir sin respaldo colectivo. La salida unilateral no es políticamente viable ni estratégicamente recomendable para un país de la UE y de la frontera sur, y el ejemplo de Suiza o Suecia en el pasado (neutralidades con gasto muy alto y servicio militar) muestra que la neutralidad no es barata.
La mayor parte de los pacifismos de consigna omiten que la neutralidad creíble exige fuerza militar propia, y la mayor parte de los atlantismos de consigna omiten que la protección tiene precio y no es incondicional. Ninguna alternativa es gratuita: la elección es entre distintos costes y distintos riesgos.
3. Qué exigiría realmente aumentar la defensa bien: personal, industria, doctrina
Subir el gasto es la parte fácil; convertirlo en capacidad es la difícil. Las Fuerzas Armadas españolas tienen unos 120.000 efectivos y problemas de reclutamiento: la tropa y marinería profesional es insuficiente en número y en retención, con una pirámide de edad envejecida y dificultades para cubrir plazas. Los sueldos son poco competitivos respecto al sector civil, y la formación militar y las condiciones de vida en destinos como Ceuta, Melilla o Canarias son un factor de abandono. Una parte significativa del presupuesto se gasta en personal (cerca de la mitad), con menos recursos para equipamiento, mantenimiento, munición y entrenamiento, que suelen ser los capítulos que sufren los recortes.
Las reservas, la movilización y la resiliencia civil son prácticamente inexistentes. La profesionalización de las Fuerzas Armadas en 2001 (fin del servicio militar obligatorio, bajo el Gobierno Aznar, tras un movimiento ciudadano de objeción e insumisión) acabó con las reservas efectivas, y varios países europeos (Suecia, Letonia, Lituania, Croacia) han vuelto a algún modelo de servicio obligatorio o selectivo, mientras que otros debaten reservas voluntarias. En España el debate sobre el servicio militar es un tabú político. Sin embargo, cualquier compromiso de defensa colectiva a gran escala requiere una base de reservistas formados, que hoy no existe.
En materia industrial, lo razonable es priorizar la compra a la industria nacional y europea en programas estratégicos, con transferencia de tecnología, y concentrar esfuerzos en nichos de competitividad (construcción naval, aeronáutica, sistemas electrónicos, ciberdefensa, drones, munición). El mayor riesgo es el de gastar a gran velocidad en equipos extranjeros, con poco beneficio industrial y alta dependencia. En materia doctrinal, debe decidirse qué prioriza España: disuasión en el Estrecho y el Atlántico (naval y aéreo), contribución al flanco oriental, ciberdefensa y operaciones en el Sahel.
4. Una recomendación para el debate español: seguir, pero a otra escala y con otra conversación
Con los datos disponibles, el taller considera que la opción menos mala es permanecer en la OTAN y avanzar hacia una combinación de las opciones B y C: aumentar progresivamente el gasto hasta un nivel creíble (en torno al 2,5–3 % del PIB en una década, con capacidades concretas definidas en una Revisión Estratégica), concentrar buena parte del esfuerzo en la industria y las capacidades europeas, y en paralelo exigir a los aliados que la defensa del flanco sur, y específicamente de Ceuta y Melilla, sea reconocida de forma política. Es una posición que evita tanto la salida, arriesgada y costosa, como la sumisión a objetivos de gasto fijados sin análisis de capacidades.
Esta recomendación se funda en tres razones. Primera, la prudencia: el mundo es más peligroso que hace una década, y prescindir de la protección colectiva sin alternativa sería una apuesta de alto riesgo. Segunda, la justicia entre aliados: España no puede esperar que otros financien su seguridad indefinidamente. Tercera, la autonomía: la dependencia de un único aliado, cuya fiabilidad ya no es evidente, aconseja construir capacidades europeas y propias. Conviene decir con franqueza que el aumento del gasto tiene costes reales, que requerirá sacrificios o más impuestos y que debe explicarse sin eufemismos a la ciudadanía.
Hay también una condición democrática: la política de defensa no puede seguir siendo un asunto de decisión opaca. El Parlamento debe debatir una estrategia, el presupuesto plurianual y las misiones, y la ciudadanía debe conocer los riesgos y los costes. Una sociedad que no entiende por qué se gasta en defensa no sostendrá el esfuerzo, y una defensa sin apoyo social es frágil.
5. Condiciones, límites y lo que el taller no defiende
Para ser coherente, esta posición se acompaña de límites explícitos. No se defiende un seguidismo acrítico de las decisiones de Washington: España debe reservarse el derecho a decidir su participación en operaciones y el uso de sus bases, con control parlamentario real, y a discrepar cuando sus intereses o sus valores lo exijan. No se defiende un aumento del gasto sin transparencia, evaluación ni control de costes. No se defiende sacrificar la protección social en bloque para financiar la defensa: la financiación debe combinar eficiencia en otras partidas, mejora de la recaudación y, si procede, impuestos. No se defiende la militarización del discurso público: la defensa es un servicio público necesario, no un fin ni una identidad.
Tampoco se defiende el eslogan pacifista de que «el dinero de la guerra debe ir a hospitales». Un país sin defensa creíble no es más pacífico, sino más vulnerable y más dependiente de quienes sí la tienen. Y no se defiende el eslogan opuesto de que quien discute el gasto es «aliado de Putin». Una democracia madura debe poder discutir con serenidad cuánto gasta en seguridad y cómo, y la ciudadanía tiene derecho a debatirlo con información.
El balance de este bloque OTAN se lee junto a la ficha del balance UE (Hispanamérica, China, Rusia): la Alianza es carga y escudo; no es religión. Permanecer con estrategia propia es la opción menos mala hoy; idolatrarla o romperla por consignas son las peores. España debe gastar mejor, europeizar capacidades, exigir que el flanco sur importe y no confundir «aliado» con «amo».