OTAN Artículo 5 Rota y Morón Ceuta y Melilla
1. Historia: del «OTAN, de entrada no» al referéndum de 1986
España ingresó en la Alianza Atlántica el 30 de mayo de 1982, bajo el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, con la oposición frontal del PSOE, que hizo campaña con el lema «OTAN, de entrada no». Ya en el Gobierno desde finales de 1982, Felipe González cambió de posición y convocó un referéndum, celebrado el 12 de marzo de 1986, en el que pidió el «sí» condicionado a tres requisitos (no incorporación a la estructura militar integrada, prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares y reducción progresiva de la presencia militar estadounidense). El «sí» ganó con el 56,85 % de los votos válidos (sí/no) según la Junta Electoral Central (BOE de 2 de abril de 1986 y rectificación); la participación fue del 59,4 % del censo. Si se cuentan todos los votos emitidos (incluidos blancos), el «sí» ronda el 52,5 % de las papeletas, cifra que a menudo se cita por error como resultado oficial. España se incorporó a la estructura militar integrada en 1999, ya con Aznar y con el apoyo parlamentario del PSOE, tras el cambio del contexto estratégico posterior a la Guerra Fría.
Esta historia ilustra un rasgo duradero de la relación de España con la OTAN: una ambivalencia emocional y una ausencia de debate estratégico maduro. Para la izquierda, la Alianza fue durante años un símbolo de subordinación a Estados Unidos y de militarismo; para la derecha, un instrumento de modernización y de entrada en el club de las democracias occidentales. Buena parte de la opinión pública ha mantenido a lo largo de los años una actitud de apoyo moderado, con una desconfianza persistente hacia el gasto militar y el uso de la fuerza. Las encuestas indican sistemáticamente que la mayoría de los españoles apoya la pertenencia a la OTAN, pero rechaza aumentar el gasto en defensa si implica recortar en gasto social.
El contexto ha cambiado radicalmente con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. La cumbre de Madrid de junio de 2022 aprobó un nuevo Concepto Estratégico que calificó a Rusia como «la amenaza más significativa y directa» para la seguridad aliada, y aceptó las solicitudes de ingreso de Finlandia y Suecia. España fue anfitriona, y esa cumbre simbolizó su plena integración en el núcleo político de la Alianza, aunque con un perfil de aportación relativamente modesto.
2. El artículo 5 no es lo que se dice: compromiso político, no automatismo
En el imaginario popular, el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte equivale a que «si atacan a uno, todos van a la guerra». El texto es más matizado: las partes acuerdan que un ataque armado contra una o varias de ellas se considerará un ataque contra todas y que, en ejercicio del derecho de legítima defensa, cada una asistirá a la parte o partes atacadas «adoptando seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada». Es decir, cada Estado decide qué medidas considera necesarias, y no hay un automatismo militar. Aun así, el valor político y disuasorio del artículo es enorme: un adversario no puede contar con que un aliado se mantendrá al margen, y precisamente esa incertidumbre protege.
El único caso de invocación del artículo 5 fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y condujo a la participación aliada en Afganistán, con una misión de casi veinte años que costó la vida a más de cien militares españoles, entre ellos los 62 muertos en el accidente del Yak-42 (2003) cuando regresaban de la misión, además de las bajas en combate y por otros accidentes. La retirada caótica de 2021 dejó un balance amargo: años de esfuerzo, sacrificio humano y gasto, con el regreso de los talibanes al poder. Es una lección sobre los límites de las misiones expedicionarias y sobre la importancia de definir objetivos realistas.
El carácter político del compromiso tiene una consecuencia incómoda: la disuasión funciona en la medida en que los aliados creen que los demás cumplirán. La credibilidad depende de las capacidades militares, de la voluntad política y de la solidez de la alianza principal, Estados Unidos. Si alguna de ellas falla, el artículo 5 pierde fuerza, y los aliados periféricos o menos contribuyentes son los primeros en quedar bajo sospecha.
3. Ceuta, Melilla y la geografía del compromiso
Un aspecto que se menciona poco en el debate público es que el artículo 6 del Tratado define el ámbito territorial de aplicación del artículo 5: territorio de las partes en Europa o en América del Norte, los departamentos franceses de Argelia (hoy irrelevante), las islas bajo jurisdicción de una parte al norte del Trópico de Cáncer y los buques y aeronaves en la zona del Atlántico Norte. Ceuta y Melilla, situadas en el norte de África, no están cubiertas expresamente por el artículo 5, una laguna conocida desde la adhesión de España. Canarias, en cambio, sí queda dentro, por estar por encima del Trópico de Cáncer. Los Gobiernos españoles han evitado plantear de forma pública la cuestión.
Esto tiene consecuencias estratégicas importantes. La amenaza más verosímil para la integridad territorial de España no procede de Rusia, sino del sur: tensiones con Marruecos en relación con las dos ciudades, las islas y peñones, las aguas canarias y la cuestión del Sáhara. En una crisis con Marruecos, un aliado de la OTAN y socio privilegiado de Estados Unidos y de Francia, España no podría contar con el artículo 5 y probablemente tampoco con un apoyo político claro de sus aliados. Esta es la razón por la que la política de España hacia Rabat es siempre prudente, y por la que la prioridad estratégica nacional (disuasión frente al Magreb) no coincide con la de la OTAN (disuasión frente a Rusia).
Un debate honesto exigiría reconocer esta divergencia de intereses y sus implicaciones: España contribuye a la defensa del flanco oriental europeo, pero su principal vulnerabilidad estratégica no está cubierta por la Alianza, y mucho menos por una defensa europea inexistente. Esa asimetría condiciona la política de defensa y de exteriores del país.
4. Bases, tropas y misiones: lo que aporta España
El Convenio de Cooperación para la Defensa con Estados Unidos (1988, con sucesivas enmiendas) regula la presencia de fuerzas estadounidenses en las bases de Rota (Cádiz), donde operan actualmente seis destructores de la Armada de Estados Unidos con sistema Aegis, parte del escudo antimisiles de la OTAN, tras la ampliación acordada en 2021, y de Morón de la Frontera (Sevilla), sede de una fuerza de respuesta de crisis del Cuerpo de Marines orientada a África. Estas bases son importantes para la proyección de fuerza estadounidense hacia el Mediterráneo, África y Oriente Medio, y para el sistema de defensa de misiles de la Alianza. España las pone a disposición como contribución estratégica, con compensaciones limitadas, riesgos de ser objetivo y un debate periódico sobre el control político de su uso.
En el plano operativo, España mantiene contingentes en la presencia avanzada reforzada en Letonia (unos 600 militares en la base de Ādaži, al frente de un batallón multinacional), despliegues en Eslovaquia y Rumanía, aviones de policía aérea del Báltico, buques en las agrupaciones navales permanentes y misiones en Irak, el Líbano (la mayor contribución española a una misión de la ONU, bajo el mando de la FINUL) y Mali y el Sahel en años anteriores. En términos de personal en operaciones, España participa de manera visible y estable, con un balance respetable aunque inferior en capacidades a las de Reino Unido, Francia o Alemania. Una parte de las capacidades militares españolas no está plenamente disponible o es limitada por recursos.
Desde Washington se critica a España con frecuencia por ser un aliado que utiliza la protección colectiva sin contribuir en proporción a su peso económico. Desde Madrid se responde con la cuenta de las misiones, las bases y la contribución a la disuasión en los flancos. Ambas posiciones tienen parte de razón: España hace más de lo que se le reconoce en operaciones y menos de lo que se le exige en gasto y capacidades.
5. Valoración: qué es la OTAN para España hoy
Para España, la OTAN cumple cuatro funciones. Primera: un seguro colectivo de disuasión frente a amenazas de gran escala (hoy, principalmente Rusia), que el país no podría afrontar solo. Segunda: un marco de interoperabilidad y estándares que moderniza sus Fuerzas Armadas y les da acceso a inteligencia, formación y tecnología. Tercera: una pertenencia política al núcleo de las democracias occidentales, con peso en la diplomacia. Cuarta: un vínculo con Estados Unidos, la mayor potencia militar del mundo, con las ventajas y servidumbres que implica.
Y cuatro limitaciones: la cobertura no alcanza a los riesgos prioritarios del sur, el compromiso de ayuda es político y no automático, el país asume costes crecientes de gasto militar, y la dependencia del paraguas estadounidense reduce la autonomía estratégica. Con esa lista de ventajas y límites se puede evaluar con seriedad la pertenencia, que será el objeto de las dos fichas siguientes: el coste y la dependencia, primero, y el balance final, después.
Hay una cuestión de fondo que merece subrayarse desde el inicio: la OTAN no es un fin en sí mismo, sino un instrumento. Un instrumento puede ser útil, caro o inadecuado según las circunstancias. Quien lo defiende como dogma o lo rechaza como eslogan renuncia al análisis. El ejercicio de este taller consiste en pesar costes y beneficios con los datos disponibles.