Inmigración Frontera sur Canarias Schengen
1. Los números: mucha inmigración legal, una parte irregular visible
La inmigración en España es en su inmensa mayoría legal y laboral: hay más de 6 millones de extranjeros con residencia y en torno a 9 millones de personas nacidas en el extranjero (cerca de uno de cada cinco habitantes), procedentes sobre todo de Marruecos, Rumanía, Colombia, Venezuela, Perú, Reino Unido e Italia. Parte significativa llegó con visado o por frontera aérea y pasó luego a situación administrativa regular, o permaneció irregularmente hasta obtener arraigo. La llegada irregular por vía marítima y terrestre es una fracción menor, aunque la más visible: en 2024 alcanzó cerca de 64.000 entradas, con un récord en Canarias (más de 46.000), y en 2025 descendió de manera notable gracias a la cooperación con Mauritania, Senegal y Marruecos.
Las rutas son tres: la atlántica hacia Canarias (desde Mauritania, Senegal, Gambia, con cayucos largos y muy peligrosos, y muchas muertes que no se contabilizan), la mediterránea occidental y argelina hacia Baleares y la costa levantina, y la ceutí y melillense por tierra y mar. La ruta canaria sufre picos estacionales y está muy ligada a la situación en el Sahel y a los acuerdos con terceros países. La mortalidad en rutas migratorias es una tragedia humanitaria que las organizaciones sitúan en miles de personas por año, y debe pesar en cualquier política seria.
El debate público confunde con frecuencia estos tres fenómenos: inmigración laboral legal (necesaria y mayoritaria), inmigración irregular (que se regulariza en gran parte tras años de permanencia) y asilo (derecho internacional con requisitos propios). Para razonar con honestidad hay que separarlos, porque requieren herramientas distintas y generan reacciones sociales diferentes.
2. La frontera sur: Ceuta, Melilla y Marruecos
Ceuta y Melilla son las únicas fronteras terrestres de la UE con África, y su gestión está condicionada por la relación con Marruecos. La crisis de mayo de 2021, cuando Marruecos relajó el control y miles de personas (entre ellas muchos menores) entraron en Ceuta, mostró la capacidad de presión de un vecino sobre España. El salto a la valla de Melilla de junio de 2022, con decenas de muertos del lado marroquí, abrió un debate sobre el uso de la fuerza, las devoluciones en caliente y la responsabilidad de ambos Estados. La figura legal de las devoluciones en caliente, o «rechazos en frontera», se incorporó en 2015 (disposición adicional décima de la LO 4/2000) y fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2020 bajo condiciones, pero el TEDH ha impuesto límites a las expulsiones colectivas, y su aplicación sigue siendo controvertida.
Desde el giro de 2022, en que el Gobierno reconoció la propuesta marroquí sobre el Sáhara como la «más seria, realista y creíble», la cooperación migratoria con Marruecos ha mejorado y el flujo hacia Ceuta y Melilla ha disminuido. Es un ejemplo de dependencia estratégica incómoda: España depende de la voluntad de Rabat para el control de sus fronteras, lo que condiciona su política exterior y limita su libertad de maniobra respecto al Sáhara, a Argelia (suministro de gas) y a la soberanía de las dos ciudades.
La honestidad impone reconocer que sin cooperación de los países de origen y tránsito, el control de fronteras es imposible. Las vallas, el SIVE y las patrulleras ayudan, pero no sustituyen a los acuerdos. Y estos acuerdos tienen costes políticos, económicos y éticos (el trato que los socios dan a los migrantes en su territorio).
3. Canarias: capacidad desbordada y reparto de responsabilidades
Canarias ha soportado una presión excepcional en 2023–2024, con miles de llegadas semanales en los meses punta, centros de acogida saturados y un gran número de menores no acompañados bajo tutela del Gobierno canario (varios miles, con una capacidad ordinaria muy inferior). El Tribunal Supremo ordenó en 2025 al Estado asumir la atención de los solicitantes de asilo menores, y el Real Decreto-ley 2/2025 estableció un mecanismo de reparto obligatorio de menores entre comunidades en situación de «contingencia migratoria», con financiación estatal, que ha generado un fuerte conflicto político con comunidades que se resisten a recibirlos.
El conflicto expone un problema estructural: la inmigración en frontera es una competencia estatal, pero la atención a menores es autonómica, y el sistema carece de un mecanismo estable y previsible de reparto de cargas. Los ayuntamientos, las comunidades y el Estado se acusan mutuamente de falta de responsabilidad. Los menores acaban en dispositivos saturados, y los efectos son dramáticos para ellos y para la convivencia. Una solución duradera exige reglas claras, financiación suficiente y solidaridad interterritorial.
También hay una dimensión europea: España e Italia son países de primera llegada, y el Pacto Europeo de Migración y Asilo (aprobado en 2024, de aplicación progresiva en 2026) prevé un reparto «solidario» de responsabilidades con mecanismos flexibles que muchos Estados interpretan en términos de compensación económica y no de acogida efectiva. Los países de primera entrada soportan la presión más intensa.
4. Devoluciones, CIE y la brecha entre ley y práctica
La ley contempla la expulsión de extranjeros en situación irregular, pero en la práctica la ejecución es limitada: las devoluciones requieren acuerdos de readmisión con el país de origen y la identificación de las personas, y muchas llegan sin documentación. Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), con un máximo de 60 días de internamiento, han sido criticados por condiciones deficientes y utilizados a veces como instrumento disuasorio con escasa eficacia en términos de expulsión efectiva. Marruecos acepta con facilidad el retorno de sus nacionales, pero otros países (Argelia, países subsaharianos) cooperan menos.
El resultado es una brecha entre la norma («los inmigrantes irregulares serán expulsados») y la práctica (la mayoría permanece en España y, tras unos años, accede al arraigo social o laboral). Esta brecha erosiona la credibilidad del sistema: los ciudadanos perciben que las reglas no se aplican, y los inmigrantes que cumplen los trámites se sienten penalizados frente a quien se salta la cola. Una política creíble requiere pocas reglas, claras y aplicables, en lugar de normas severas e inaplicables.
Una alternativa realista combina: rutas legales suficientes (contratación en origen, visados de búsqueda de empleo para sectores con déficit), acuerdos de readmisión con incentivos económicos y comerciales, control efectivo de fronteras y devolución rápida de quienes no cumplan los requisitos, con respeto a las garantías. La combinación de vías legales y control creíble es la que han adoptado los países con mejores resultados.
5. Propuesta del taller y límites de la honestidad
El taller propone: 1) una Ley de Inmigración que defina objetivos anuales y vías de entrada legal vinculadas a necesidades del mercado de trabajo, con contratación en origen y reconocimiento acelerado de cualificaciones; 2) refuerzo del control marítimo y de la cooperación con Mauritania, Senegal, Marruecos y Argelia; 3) un mecanismo permanente de reparto de menores y solicitantes entre comunidades con financiación estatal; 4) mejora de los procedimientos de identificación y de las devoluciones, con garantías; 5) exigencia en Bruselas de una solidaridad efectiva en el Pacto de Migración y Asilo y de mayor dotación de Frontex.
La honestidad exige admitir dos verdades incómodas. Primera: España necesita inmigración (demográfica y laboralmente), y es una ventaja competitiva si se gestiona bien. Segunda: una parte de la ciudadanía percibe que el sistema está desbordado y que las reglas no se cumplen, y esa percepción alimenta la desafección política y los extremismos. Una política razonable asume ambas verdades, sin buenismo ni xenofobia.
La Ley de Extranjería, que data en su origen del año 2000 y ha sido reformada en numerosas ocasiones, necesita una revisión sistemática para que sea comprensible y aplicable.