Terrorismo Narcotráfico Crimen organizado Ciberseguridad
1. Del terrorismo de ETA al yihadismo: lo que aprendió el Estado
España ha sufrido dos grandes amenazas terroristas: ETA (más de 850 víctimas mortales entre 1968 y 2011, con cese definitivo de la actividad armada en octubre de 2011 y anuncio de disolución en mayo de 2018) y el terrorismo yihadista (11-M de 2004 con 193 muertos, atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 con 16 víctimas mortales). El país posee una de las experiencias más amplias en Europa en lucha antiterrorista, con una buena coordinación entre Policía, Guardia Civil y CNI, una legislación específica y una cooperación internacional intensa. El nivel de alerta antiterrorista se mantiene en 4 sobre 5 desde 2015.
Cada año se detienen del orden de un centenar de personas vinculadas al yihadismo, la mayoría por captación, adoctrinamiento o enaltecimiento, en fases tempranas de la radicalización, un indicador de eficacia preventiva. Los retos actuales incluyen la radicalización online de jóvenes, los «lobos solitarios» difíciles de detectar, el retorno de combatientes y la radicalización en prisiones. También se añaden amenazas de extrema derecha y otros extremismos violentos, con un volumen menor pero creciente.
El éxito antiterrorista se basa en la inteligencia y la prevención, no solo en la respuesta penal. La confianza de las comunidades musulmanas en las fuerzas de seguridad es un elemento clave: si se sienten estigmatizadas, la colaboración se reduce. La prevención de la radicalización requiere programas educativos, de inclusión y de contra-narrativa.
2. Narcotráfico: Campo de Gibraltar, Galicia y los puertos
España es una de las principales puertas de entrada de cocaína a Europa (por los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona, a menudo en contenedores desde Latinoamérica) y de hachís desde Marruecos, y el Campo de Gibraltar, el Guadalquivir y las costas gaditanas y andaluzas son zona de operación de organizaciones muy poderosas con lanchas rápidas («narcolanchas»). La muerte de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha en Barbate en febrero de 2024 conmocionó al país y reveló las carencias de medios y de protección jurídica de los agentes. Las organizaciones corrompen, intimidan y recurren a la violencia, y han penetrado en economías locales de comarcas con altísimo desempleo.
La respuesta del Estado ha sido insuficiente durante años: embarcaciones de la Guardia Civil menos veloces que las narcolanchas, plantillas con escasa dotación y un marco penal que no siempre sancionaba con contundencia el transporte de combustibles o el uso de lanchas no registradas. En los últimos años se ha reforzado el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, se ha avanzado en la tipificación penal de ciertas conductas y se han incrementado efectivos y medios, pero los resultados son parciales.
El combate al narcotráfico exige actuar sobre las finanzas (blanqueo), los puertos (escáneres y control de contenedores), la corrupción de funcionarios, la cooperación con Marruecos y los países latinoamericanos, y el desarrollo económico de las comarcas afectadas, para no dejar que el narco sea el principal empleador y financiador local.
3. Crimen organizado y economía criminal
Además del narcotráfico, operan en España redes de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, tráfico de armas, fraude y estafas transnacionales, grupos itinerantes de robos y delincuencia organizada en el sector inmobiliario y de la hostelería. España es un país de destino y tránsito para muchas de estas organizaciones: mafias de Europa del Este, grupos latinoamericanos, redes norteafricanas, clanes de los Balcanes y organizaciones rusas y caucásicas en la costa mediterránea. El blanqueo de capitales, a través de inversión inmobiliaria, sociedades pantalla y criptomonedas, es la «lavandería» que sostiene el sistema.
El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y la Fiscalía Antidroga y Anticorrupción coordinan los esfuerzos, pero el sistema judicial tiene dificultades para investigar casos complejos con rapidez y para aprovechar la cooperación internacional. La recuperación de activos, imprescindible para golpear al crimen donde más duele, avanza despacio. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) se creó en 2022 con ese fin.
Es fundamental invertir en inteligencia financiera, en análisis de datos y en cooperación europea (Europol, Fiscalía Europea). La prevención de la corrupción de agentes y funcionarios y la protección de testigos y colaboradores son instrumentos igualmente necesarios.
4. Ciberseguridad: la amenaza menos visible
La digitalización del Estado y de la economía ha ampliado la superficie de ataque. España es uno de los países más atacados de Europa por ransomware y fraude online, con incidentes graves contra ayuntamientos, hospitales (como el Clínic de Barcelona en 2023), universidades, empresas y administraciones. El Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), el INCIBE y el Mando Conjunto del Ciberespacio constituyen la arquitectura básica de defensa, y existe una Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Sin embargo, buena parte de las administraciones locales y autonómicas carece de recursos y de personal especializado, y la transposición de la directiva europea NIS2 ha sufrido retrasos.
Hay también un desafío en la relación entre seguridad y libertades: los casos de espionaje con el software Pegasus a políticos y periodistas (el llamado «Catalangate» y los hechos conocidos en 2022 sobre móviles de miembros del Gobierno) revelaron debilidades en el control judicial y parlamentario de la inteligencia y en la ciberseguridad de las propias instituciones. La amenaza de desinformación y de interferencia extranjera en procesos electorales es creciente, con actores estatales (Rusia, China) y no estatales.
Una política de ciberseguridad seria necesita presupuesto suficiente, mínimos obligatorios para todas las administraciones, certificación de proveedores, cultura de seguridad y capacidad de respuesta y recuperación. No es solo una cuestión técnica sino de soberanía y de resiliencia.
5. Propuesta del taller
El taller propone: 1) una Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado con un fiscal y un mando únicos, objetivos medibles y un fuerte enfoque patrimonial (decomiso y recuperación de activos); 2) un plan permanente para el Campo de Gibraltar y las costas andaluzas con medios navales y aéreos modernos, incentivos al personal y programas de desarrollo; 3) refuerzo del control portuario con tecnología de escaneo; 4) estatuto jurídico de protección de los agentes que actúan contra el narcotráfico; 5) una Agencia Nacional de Ciberseguridad con competencias de supervisión y requisitos mínimos para todas las administraciones, con apoyo a municipios; 6) programas de prevención de la radicalización con evaluación de resultados.
La seguridad es un bien público y cuesta dinero. La inversión en medios, tecnología y personal reduce daños mayores, pero requiere una voluntad política sostenida más allá de las crisis.
A esa agenda hay que añadir la cooperación internacional, que es el multiplicador de cualquier esfuerzo nacional: equipos conjuntos de investigación con Francia, Portugal, Marruecos y los países latinoamericanos, uso pleno de Europol y de la Fiscalía Europea, intercambio ágil de información financiera y de inteligencia, y presencia de agregados policiales y judiciales en los países de origen de la droga. Las organizaciones criminales son transnacionales y adaptativas, y las respuestas fragmentadas por jurisdicciones no las detienen. Por eso la reforma institucional de la seguridad debe pensar en red, no en feudos de competencia entre cuerpos.