Pobreza Desigualdad AROPE Infancia
1. Los indicadores: pobreza relativa, privación y exclusión
El indicador europeo AROPE (riesgo de pobreza o exclusión social) combina tres dimensiones: renta por debajo del 60 % de la mediana, privación material y social severa, y baja intensidad laboral del hogar. En 2024, España se situó en torno al 25–26 % de la población en riesgo, entre las tasas más altas de la UE (por encima de la media del 21 %), con una evolución descendente desde el máximo de 2014 (más del 29 %). El indicador de pobreza monetaria relativa (alrededor del 19–20 %) y la privación material severa (en torno al 8–9 %) son también superiores a la media europea.
Detrás de los números hay estructuras: España tiene una elevada proporción de población en hogares con baja intensidad de trabajo, con empleos precarios (los «trabajadores pobres», alrededor de uno de cada ocho ocupados con renta por debajo del umbral), una alta tasa de pobreza entre extranjeros no comunitarios y entre hogares monoparentales (mayoritariamente de mujeres), y una pobreza infantil de las más altas de Europa. Más de un tercio de los menores de 18 años está en riesgo de pobreza o exclusión.
Hay que distinguir entre pobreza relativa y absoluta: el umbral relativo se mueve con la renta media, de modo que un país en crecimiento puede reducir privaciones y mantener tasas relativas altas. Pero los indicadores de privación (no poder permitirse calefacción, comida adecuada, vacaciones, imprevistos) sí indican problemas reales de bienestar.
2. Pobreza infantil: el escándalo más grave
La pobreza infantil es el problema más llamativo: en torno a un 34 % de los niños y adolescentes españoles vive en riesgo de pobreza o exclusión, frente a una media de la UE del 24 %. La explicación es doble: los hijos están sobrerrepresentados en hogares con padres con empleos precarios o desempleo, y el sistema fiscal y de prestaciones corrige poco la pobreza de las familias con hijos, a diferencia de los países nórdicos y centroeuropeos donde las ayudas por hijo y los servicios gratuitos reducen drásticamente el riesgo. El efecto de las transferencias sociales sobre la pobreza infantil es de los más bajos de la UE.
Las consecuencias son duraderas: peor rendimiento escolar, peor salud, menor movilidad social y trayectorias vitales más difíciles. La inversión en infancia es la más rentable de las políticas sociales. El Plan Nacional de la Garantía Infantil y la creación del complemento de ayuda a la infancia en el IMV han mejorado algo la situación, pero con cobertura incompleta.
Una prestación universal por hijo, con cuantía mayor para familias de menor renta, escuelas infantiles gratuitas, comedores escolares universales, vivienda asequible para familias y refuerzo de servicios sociales son el núcleo de la reducción. Los países que lo han hecho (Finlandia, Dinamarca, Francia en parte, Irlanda con el programa de pobreza infantil) han conseguido reducciones importantes.
3. Desigualdad de renta y patrimonio
La desigualdad de ingresos en España, medida por el índice de Gini (alrededor de 31–32 puntos), es algo superior a la media de la UE (en torno a 29–30), aunque inferior a la de Reino Unido o Estados Unidos. Los ingresos del 20 % más rico son unas 5,5–6 veces los del 20 % más pobre. La desigualdad de mercado (antes de impuestos y transferencias) es alta, y el sistema fiscal y de prestaciones la corrige menos que en la mayoría de los países europeos, sobre todo en la franja de edad laboral y en infancia, mientras que corrige mucho en la vejez gracias a las pensiones.
La desigualdad de patrimonio es mayor que la de renta: los hogares más ricos concentran la mayor parte de la riqueza inmobiliaria y financiera, y el patrimonio de los jóvenes es muy inferior al de generaciones anteriores. Las herencias y la vivienda explican buena parte de las diferencias de riqueza, y se prevé una gran transferencia patrimonial intergeneracional en las próximas décadas que puede acentuar la desigualdad de oportunidades.
El debate entre igualdad de resultados e igualdad de oportunidades es legítimo. Pero un nivel alto de pobreza infantil y la dependencia de la herencia para acceder a la vivienda son un problema para ambos enfoques. Una sociedad donde el origen familiar determina en exceso el destino tiene menos movilidad y menos dinamismo.
4. Qué corrige y qué no: el sistema fiscal-prestacional
El sistema de pensiones, el sistema sanitario y el educativo públicos son los principales instrumentos redistributivos españoles. Los servicios universales aportan un valor muy importante a los hogares de menores ingresos. Sin embargo, las transferencias monetarias a familias con hijos y a hogares de edad laboral son modestas, y el sistema tributario tiene numerosos beneficios fiscales regresivos (deducciones por planes de pensiones, tipos reducidos de IVA, regímenes especiales como el de las SICAV y sociedades patrimoniales) que reducen su progresividad efectiva.
Las políticas con mayor efecto redistributivo probable son: prestación universal por hijo, renta mínima integrada y automática, mejor cobertura de desempleo para jóvenes, vivienda pública a escala, escuelas infantiles universales, reducción de la cuña fiscal sobre bajos salarios, y mayor control del fraude fiscal y de los regímenes especiales. Muchas de estas son medidas de predistribución (mejorar las condiciones de partida) más que de redistribución (cobrar y transferir).
El impacto de la política social depende de su diseño: las prestaciones complejas, condicionadas y difíciles de solicitar llegan menos a quienes más las necesitan. Los trámites son un impuesto sobre los pobres. Simplificar y automatizar el acceso es redistribuir.
Un caso claro es el del IRPF, donde las deducciones por planes de pensiones y otros incentivos benefician principalmente a las rentas altas, mientras los hogares con menos ingresos no tributan lo suficiente como para aprovechar ciertas deducciones, lo que reduce el impacto redistributivo del sistema.
5. Propuesta del taller
El taller propone una agenda de lucha contra la pobreza y la desigualdad con cinco prioridades: infancia primero (prestación universal por hijo, 0–3 universal, comedores y material escolar gratuitos para familias vulnerables); renta mínima automática integrada con las autonómicas; vivienda asequible con parque público; empleo de calidad con menor cuña fiscal en bajos salarios y mejor protección; y fiscalidad más justa con lucha contra el fraude y revisión de beneficios fiscales regresivos.
Todo ello requiere financiación, y el debate sobre cómo se paga no puede eludirse: reorganización del gasto, mejor recaudación, reformas fiscales graduales y, si se desea una protección social más generosa, una mayor presión fiscal en niveles medios y altos. Los países con baja pobreza infantil y alta movilidad social tienen presiones fiscales más altas que España, y aceptan pagar a cambio de servicios.
La pobreza no es un destino individual, es un resultado de políticas colectivas. Un país que acepta que uno de cada tres niños esté en riesgo de pobreza tiene un problema de prioridades, no de recursos.