Juventud Emancipación Precariedad Salud mental
1. Una generación formada y atascada
Los españoles de 25 a 35 años son la generación con mayor nivel de estudios de la historia del país: más de la mitad tiene educación superior, domina más idiomas y ha viajado más. Sin embargo, su situación material es peor que la de sus padres a la misma edad en términos de acceso a vivienda, estabilidad laboral y ahorro. La edad media de emancipación ronda los 30 años (la más alta de la UE tras Croacia y Grecia), y solo en torno al 15–17 % de los jóvenes de 16 a 29 años vive fuera del hogar familiar. Los salarios medios de entrada han crecido poco en términos reales en dos décadas.
Los jóvenes sufren una combinación de problemas: paro juvenil superior al 25 %, tasa alta de contratos temporales y parciales involuntarios, salarios de entrada bajos, precio de alquiler que consume la mitad del sueldo, y dificultades para ahorrar la entrada de una hipoteca (que exige del orden del 20–30 % del precio). La brecha de riqueza entre generaciones se ha ensanchado: los hogares de personas mayores de 55 años acumulan una gran parte del patrimonio inmobiliario, mientras que los de menores de 35 apenas tienen activos.
Esta situación genera un círculo: sin vivienda ni empleo estable no se forman familias, no se tiene hijos y se pospone la participación plena en la sociedad. El «contrato social» implícito (estudia, trabaja, ahorra y tendrás una vida mejor) se siente roto. Y las consecuencias políticas son visibles: desafección, voto de protesta y crecientes opiniones críticas con el sistema.
2. Salud mental y bienestar
Los problemas de salud mental entre los jóvenes han aumentado de forma notable en los últimos años: ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimentaria, autolesiones y suicidio. El suicidio es la primera causa de muerte no natural entre jóvenes de 15 a 29 años, con más de 4.000 suicidios anuales en toda la población y una cifra creciente en adolescentes. Las causas incluyen: incertidumbre sobre el futuro, soledad, uso intensivo de redes sociales, acoso escolar y digital, presión académica y laboral, y, en muchos casos, falta de acceso a servicios de salud mental. La atención pública es insuficiente: la ratio de psicólogos clínicos en el SNS es de las más bajas de Europa (en torno a 6 por 100.000 habitantes frente a 18 de la media europea), y las esperas son largas.
El Plan de Acción de Salud Mental 2022–2024 y la creación de la especialidad de psiquiatría infantil y la línea telefónica 024 de atención a la conducta suicida son pasos adelante. Pero faltan recursos y personal. Un sistema de apoyo psicológico accesible, en centros educativos, atención primaria y servicios comunitarios, es necesario, junto con una política de prevención del acoso y de regulación del uso de pantallas.
El debate sobre las redes sociales y los menores es global: la evidencia sobre daños es creciente, y varios países están restringiendo el acceso de menores. España ha avanzado en una ley de protección de menores en entornos digitales. Una regulación razonable limitaría la edad de acceso a redes con verificación efectiva, y exigiría diseño seguro a las plataformas.
3. Políticas específicas: bonos, garantía juvenil y su evaluación
Se han ensayado varias políticas para jóvenes: el Bono Alquiler Joven (250 euros mensuales durante dos años para menores de 35 con ingresos bajos), el Bono Cultural Joven (400 euros de gasto cultural a los 18 años), la Garantía Juvenil europea (oferta de empleo, formación o prácticas en cuatro meses), el Estatuto del Becario (2023) y las bonificaciones a la contratación de jóvenes. El balance es mixto: ayudan en el margen, pero no cambian las condiciones estructurales. El Bono Alquiler Joven tuvo una ejecución lenta y desigual entre comunidades, y algunos propietarios suben los alquileres al saber que el inquilino recibirá la ayuda.
La experiencia de Garantía Juvenil muestra que, sin servicios de empleo eficaces, la garantía se queda en un registro. Las medidas puntuales de subvención de la demanda, sin aumentar la oferta de vivienda, pueden trasladarse a precios. Una política juvenil seria debe cambiar condiciones estructurales y no solo repartir bonos.
Una dimensión poco atendida es la participación política: los jóvenes tienen escasa representación en los órganos de decisión, las listas electorales y los consejos de administración. Rebajar la edad de voto a 16 años se ha debatido en varios países europeos (Austria, Malta, Escocia, Alemania en elecciones europeas). Es un tema legítimo, aunque no resuelve las condiciones materiales.
4. Voz y representación: los jóvenes en la política y en las instituciones
Uno de los rasgos de la política española es la escasa presencia de jóvenes en las instituciones de decisión. Los diputados y senadores menores de 35 años son una fracción pequeña de las cámaras, y la media de edad de los líderes de los principales partidos y de los cargos ministeriales se sitúa por encima de los 45–50 años. Los partidos cuentan con organizaciones juveniles, pero su peso real en las listas y en la toma de decisiones es limitado. Esta falta de representación contribuye a que las políticas de vivienda, empleo y fiscalidad se diseñen con una sensibilidad menor hacia las necesidades de las generaciones más jóvenes, que además son demográficamente menos numerosas y, por tanto, electoralmente menos decisivas que los grupos de mayor edad.
El Consejo de la Juventud de España y los consejos autonómicos y locales son los órganos de participación juvenil, pero tienen un papel consultivo y una capacidad de influencia reducida. Existen otras herramientas: los presupuestos participativos locales, que dedican una parte del presupuesto a proyectos elegidos por los vecinos, las asambleas ciudadanas deliberativas con muestras aleatorias que incluyan a jóvenes, y la consideración sistemática de un «examen generacional» de las leyes (evaluar cómo afecta cada norma a las distintas cohortes de edad), un instrumento que ya aplican algunos países, como Gales con su Comisionado de las Generaciones Futuras.
El debate sobre rebajar la edad de voto a 16 años es una pieza más de esta discusión. Sus defensores sostienen que quienes trabajan, pagan impuestos o son responsables penalmente deben poder votar y que la participación temprana crea hábito cívico; sus críticos, que el desarrollo político a esa edad es limitado y que los jóvenes son muy influenciables. La evidencia de países como Austria indica que los jóvenes de 16 y 17 años votan con una participación igual o mayor que los de 18 a 20, y que el cambio no altera sustancialmente los resultados. Sea cual sea la decisión, lo importante es que los jóvenes dejen de ser un objeto de políticas y se conviertan en sujetos con voz y poder efectivo.
5. Propuesta: un pacto generacional
El taller propone un Pacto Generacional con cuatro compromisos. Vivienda: programa de alquiler asequible a escala para menores de 35 años, con acceso prioritario y estabilidad. Empleo: reducción de la cuña fiscal en los primeros empleos, FP dual y prácticas remuneradas, y política activa de empleo juvenil con itinerarios personalizados. Ahorro y patrimonio: cuentas de ahorro vivienda y de formación con incentivos y una herencia universal modesta (una dotación pública al cumplir 18 años, propuesta que se ha discutido en varios países), financiada con parte de los impuestos sobre grandes herencias. Salud y bienestar: servicios de salud mental accesibles y prevención.
A cambio de estas inversiones, se pide a los jóvenes un compromiso con la sostenibilidad del sistema (cotización, formación, empleo). Un contrato generacional justo reconoce que los beneficios y las cargas deben repartirse entre cohortes. La mayor amenaza para la cohesión de un país es que una generación entera concluya que el sistema no está hecho para ella.
No se trata de enfrentar a jóvenes y mayores: muchos mayores ayudan económicamente a sus hijos y nietos, y es precisamente esa solidaridad familiar la que sostiene al sistema ante la insuficiencia de la política pública. Pero la solidaridad familiar es desigual y no puede sustituir a la acción del Estado.