FP Universidad Becas Empleabilidad
1. FP: de la cenicienta a la prioridad
La formación profesional ha sido durante décadas la hermana pobre del sistema educativo español, estigmatizada como vía para los que no «valen» para la universidad. El resultado es un país con una proporción alta de universitarios y de personas sin estudios postobligatorios, y escasez de técnicos intermedios en sectores como industria, energía, sanidad, logística y construcción. El crecimiento de matrícula en la última década (más de un millón de alumnos en FP en 2024–2025) y la Ley Orgánica 3/2022 de ordenación e integración de la FP, que unifica el sistema y promueve la FP dual, son avances. Pero el ajuste entre oferta y demanda sigue siendo insuficiente.
El modelo dual alemán combina formación en el centro y en la empresa durante varios años, con contrato de aprendizaje y remuneración. En España, la FP dual está creciendo, pero solo una fracción minoritaria del alumnado la cursa en modalidad intensiva. Las empresas, en su mayoría pequeñas, no tienen estructuras para formar aprendices, y la coordinación entre centros educativos y empresas es débil. Además, hay desigualdades territoriales en oferta y en presupuestos.
Para que la FP sea una vía atractiva hacen falta: prestigio social, orientación temprana, oferta suficiente de plazas en las áreas demandadas, becas y vivienda para estudiantes que tienen que desplazarse, conexión real con las empresas, itinerarios de continuidad (de FP básica a grado superior y a universidad) y formación del profesorado con experiencia profesional reciente.
2. Universidad: acceso, tasas y desigualdad
La universidad española tiene una tasa de graduados alta (cerca del 50 % de la población joven tiene educación superior, por encima de la media europea) y unas tasas de matrícula públicas bajas en comparación con países anglosajones, pero muy desiguales por comunidades (el precio del crédito matriculado en primera matrícula varía de menos de 700 euros anuales a más de 2.000 euros en Cataluña, por ejemplo). El acceso se regula con la PAU, con notas de corte y numerus clausus en carreras muy demandadas (Medicina, Veterinaria, doble grado), y con un proceso diferente en cada comunidad.
El problema de fondo no es de acceso sino de adecuación y de resultados: elevadas tasas de abandono y de duración excesiva de los estudios, sobrecualificación de muchos titulados (que acaban en empleos que no requieren grado), y un desajuste con las necesidades del mercado. La formación universitaria en España es de calidad media y muy desigual según titulaciones y centros. La falta de información pública sobre resultados (empleabilidad, salarios por titulación y universidad) dificulta que los estudiantes decidan con criterio.
Hay también un problema de Medicina: el cuello de botella de las plazas de grado y de residencia (MIR) deja fuera a miles de candidatos y limita la oferta de médicos en un país con déficit en muchas especialidades y zonas. Aumentar plazas (con garantías de calidad docente y de hospitales formadores) es una prioridad.
3. Becas y equidad: quién llega y quién se queda
El sistema de becas del Ministerio de Educación (más de 2.000 millones al año, con un componente fijo de residencia, un componente de renta y una cuantía variable por nota) ayuda a cientos de miles de estudiantes. Se han ampliado los umbrales y las cuantías en los últimos años. Pero las ayudas llegan tarde (se cobra frecuentemente meses después de empezar el curso), exigen rendimientos académicos elevados en ciertos casos y no cubren plenamente el coste de vida de los estudiantes que deben desplazarse, un obstáculo clave para jóvenes de zonas rurales o sin universidad cercana.
El coste de vida es el factor más importante: alojamiento, transporte y manutención suponen la mayor parte del gasto universitario, y el aumento del precio de la vivienda ha empeorado la situación. Las residencias universitarias públicas son escasas, y muchos estudiantes tienen que trabajar durante el curso, con efectos negativos en el rendimiento. Las ayudas deberían reforzar el componente de residencia y combinarse con una política de alojamiento universitario asequible.
Otro problema es la equidad en el acceso a la educación superior en España: los estudiantes de familias con rentas altas o con mayor nivel educativo tienen mayores probabilidades de acceder a grados prestigiosos, y a menudo cuentan con apoyo para estudiar fuera. La movilidad social educativa es limitada, y la mejora de los niveles previos es una condición.
4. Transición al empleo: orientación, prácticas y formación continua
La transición de la escuela al trabajo es especialmente difícil en España. El paro juvenil ronda el 25 %, la proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan es relevante, y los primeros empleos suelen ser temporales y mal pagados. La orientación educativa y profesional en los institutos es insuficiente, con ratios de orientadores muy altas. Los programas de prácticas no laborales y de garantía juvenil han tenido efectos moderados, con críticas por el uso de becarios como mano de obra barata sin formación efectiva.
Una política de transición eficaz requiere: orientación profesional temprana y personalizada, prácticas remuneradas y reguladas en FP y universidad (con estatuto del becario, ya reformado en 2023 para prohibir las prácticas no laborales sin remuneración en determinados casos), cooperación con empresas, formación continua a lo largo de la vida con cuentas individuales de formación y reconocimiento de competencias adquiridas fuera del sistema formal. La acreditación de competencias profesionales es un instrumento infrautilizado para millones de trabajadores sin título.
También conviene mejorar la información: portales públicos con datos de empleabilidad y salarios de cada titulación, y un sistema de seguimiento longitudinal que permita evaluar políticas. Sin datos, se toman decisiones por intuición.
Asimismo, la orientación profesional se desarrolla poco en secundaria, y los jóvenes eligen estudios sin información suficiente sobre salidas laborales y salarios.
5. Propuesta del taller
El taller propone: reforzar la FP con una meta de que al menos un tercio de los jóvenes curse FP dual o intensiva en una década, con incentivos reales para las empresas y plazas suficientes en sectores estratégicos; ampliar la oferta de plazas de Medicina y otras titulaciones sanitarias con deficit; reformar el sistema de becas para pagar a tiempo y reforzar la ayuda de residencia; crear un parque de alojamiento universitario público; publicar datos de empleabilidad; y promover un sistema de formación a lo largo de la vida con cuentas individuales.
En el fondo, se trata de que el sistema educativo sirva tanto a quienes quieren una carrera universitaria como a quienes prefieren una vía profesional, con itinerarios flexibles y prestigio equivalente. Un país que desaprovecha el talento de sus jóvenes por falta de oportunidades paga un precio alto en productividad y en cohesión.
La educación es la política que más tarda en dar frutos y la que más influye en el largo plazo. Un compromiso sostenido, con financiación, estabilidad y evaluación, es la mejor política industrial, social y de igualdad de oportunidades.