LOMLOE Concertada Pacto educativo Lengua vehicular
1. Ocho leyes educativas: la alternancia como política
Desde 1980, España ha tenido siete u ocho leyes educativas generales: LOECE (1980), LODE (1985), LOGSE (1990), LOPEG (1995), LOCE (2002), LOE (2006), LOMCE (2013) y LOMLOE (2020), a las que se añaden leyes específicas (universidades, FP, calidad). La mayoría se aprobó con mayoría simple de un solo partido, y a cada alternancia política le siguió una nueva ley, sin que la anterior hubiera tenido tiempo de aplicarse plenamente. La consecuencia es un sistema que cambia currículos, evaluaciones, etapas y reválidas cada pocos años, con profesorado y familias agotados.
Los intentos de pacto educativo han fracasado repetidamente: en 2010 con el Gobierno de Zapatero, en 2013–2015 con Wert y en 2018 con la Subcomisión del Congreso, que terminó sin acuerdo por desacuerdo en la financiación y la concertada. Las diferencias ideológicas de fondo son reales: la izquierda defiende un papel preferente de la escuela pública y reduce la influencia de la religión, la derecha defiende la libertad de elección de centro, el derecho de las familias, la exigencia académica y la presencia de la religión.
La inestabilidad es un coste en sí mismo: los docentes no pueden consolidar programaciones, los editores deben reescribir libros, las comunidades aplican las normas con interpretaciones diferentes. Un sistema educativo necesita horizontes de diez o quince años para evaluar el efecto de una reforma. Una ley básica con consenso amplio y estabilidad sería un avance mayor que cualquier contenido concreto.
2. Pública, concertada y privada: el modelo mixto
El sistema español es mixto: aproximadamente dos tercios del alumnado asiste a centros públicos, algo más de una cuarta parte a concertados (privados financiados con fondos públicos, en su mayoría de titularidad religiosa) y menos del 10 % a privados no concertados. La concertada se desarrolló desde la LODE de 1985, con el objetivo de garantizar la gratuidad de la enseñanza obligatoria en zonas donde no había oferta pública suficiente. Hoy convive con un debate: los críticos ven que la concertada selecciona al alumnado (por cuotas «voluntarias», actividades extraescolares, ubicación) y acentúa la segregación; los defensores subrayan que permite la libertad de elección y obtiene buenos resultados con menos coste por alumno.
Los estudios muestran que la mayor parte de la diferencia de resultados entre públicos y concertados se explica por el perfil socioeconómico del alumnado. La segregación escolar (concentración de alumnado desfavorecido en ciertos centros) es un problema real en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla, y se agrava por los criterios de admisión, la zonificación, los costes ocultos y la escasez de plazas públicas en ciertos barrios. Una política seria de equidad exige repartir equilibradamente el alumnado con necesidades educativas y regular la admisión.
En el fondo, el debate público-concertada es a menudo ideológico. Sería más productivo centrarse en condiciones: ningún centro financiado con dinero público debería cobrar cuotas obligatorias encubiertas, seleccionar por criterios no autorizados ni segregar por sexo; y todos deberían someterse a evaluación y transparencia. Los resultados, y no la titularidad, deberían ser el criterio.
3. Lenguas vehiculares y religión
Las lenguas vehiculares son un conflicto específico en comunidades con lengua cooficial (ficha 24): modelos de inmersión, porcentaje mínimo de castellano, derechos de las familias. La LOMLOE eliminó la mención al castellano como lengua vehicular que la LOMCE introdujo, lo que creó una controversia. Una solución estable sería un marco estatal que garantice un mínimo de enseñanza en castellano y en la lengua cooficial con un reparto razonable, cumpliendo las sentencias.
La religión es otro punto de fricción. La asignatura de Religión es de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para el alumno, con profesorado designado por la Iglesia católica y pagado por el Estado, según los acuerdos con la Santa Sede de 1979. La LOMLOE eliminó la asignatura alternativa e hizo que no contara para la nota media. Hay un debate sobre si debe seguir existiendo como asignatura confesional en la escuela pública o si debe sustituirse por una asignatura de cultura religiosa y valores cívicos. Una revisión de los acuerdos con la Santa Sede sería parte de la solución, pero tiene un coste político alto.
También se discute la educación en valores y ciudadanía, la educación sexual y afectiva y el uso de pantallas y móviles en las aulas. Varias comunidades han prohibido el móvil en la escuela, con apoyo social amplio, y la evidencia sobre su impacto en el aprendizaje y la convivencia apunta a que las restricciones son razonables, sobre todo en primaria y secundaria.
4. Currículo, evaluación y titulación
La LOMLOE introdujo un currículo por competencias, con perfiles de salida, criterios de evaluación y saberes básicos. La crítica principal es la vaguedad y la complejidad de los documentos, que dificultan la aplicación y reducen los contenidos concretos. La defensa es que el aprendizaje por competencias facilita la aplicación de conocimientos. Un buen currículo combina contenidos fundamentales (lectura, escritura, matemáticas, ciencia, historia, idiomas) con habilidades, y los estructura claramente por cursos. La experiencia de países con buenos resultados (Finlandia, Estonia, Singapur, Canadá) sugiere que importan la coherencia, la claridad y la exigencia.
En evaluación, España utiliza pruebas de diagnóstico de muestra (no censales) y prueba de acceso a la universidad (PAU), de diseño y exigencia diferentes según las comunidades, lo que genera un debate sobre equidad en el acceso a titulaciones muy demandadas. La titulación en ESO y bachillerato, con la posibilidad de titular con asignaturas suspensas, ha sido cuestionada por devaluar el título. Una evaluación externa común de final de etapa, con la finalidad de certificar niveles y de orientar, no de excluir, podría mejorar la equidad y la información.
La combinación de autonomía de centros con transparencia de resultados (sin ranking simplista) es una vía para mejorar. Los centros que obtienen buenos resultados con alumnado desfavorecido deberían ser estudiados y replicados.
5. Un pacto educativo realista
El taller propone un pacto educativo de mínimos con diez años de vigencia que cubra: financiación (compromiso de gasto como porcentaje del PIB y reglas de reparto); carrera docente (acceso, formación, evaluación, carrera); currículo básico estable con revisiones solo mediante acuerdo reforzado; equidad (admisión, segregación, refuerzo); lenguas (marco de derechos); evaluación externa común; y gobernanza con un órgano independiente que evalúe y asesore.
No es un acuerdo sencillo, pero los costes de no lograrlo se acumulan: cada cambio de ley genera una generación de alumnos que pasa por un sistema en transición. La lección de otros países (Finlandia, Portugal, Estonia) es que la estabilidad y la profesionalización mejoran resultados más que las reformas espectaculares. Un acuerdo educativo de Estado sería probablemente la mejor inversión de capital político posible.
El pacto debe, además, resistirse a la tentación de usar la educación como campo de batalla cultural. Las guerras culturales ocupan el debate público pero apenas influyen en el rendimiento. La escuela necesita atención, recursos y confianza, no más ruido.
Además, sería recomendable incluir una cláusula de estabilidad que obligue a una mayoría reforzada para modificar los elementos nucleares del pacto, de manera que los cambios de gobierno no alteren el marco cada pocos años. Y un órgano independiente de evaluación del sistema educativo, con datos abiertos, daría a todos los actores la misma base de información para debatir.