CCAA Duplicidades Parlamentos Entes instrumentales
1. «Taifas»: el término, su carga y su utilidad analítica
El término «taifas» alude a los reinos que surgieron en la península tras la desintegración del califato de Córdoba en el siglo XI. Su uso político para referirse a las comunidades autónomas es polémico y, a menudo, ofensivo para quienes defienden el autogobierno. En este taller se usa de manera analítica y deliberadamente provocadora para señalar un fenómeno: la tendencia de los gobiernos regionales a comportarse como mini-estados, con política exterior simbólica, medios propios, agencias duplicadas y competencia con otras comunidades, a veces con más interés en consolidar poder que en prestar mejores servicios.
Es importante evitar la caricatura. No todas las comunidades se comportan igual, y algunas gestionan servicios con eficacia. Tampoco todo el gasto autonómico es duplicación. La pregunta correcta no es «¿son malas las autonomías?», sino «¿cuánto de su estructura es necesaria para prestar servicios y cuánto es aparato institucional que se replica 17 veces?». La respuesta exige mirar las partidas concretas.
Por eso el taller usa «taifas» solo como etiqueta descriptiva de un problema concreto, la fragmentación del aparato político-administrativo, y no como juicio sobre las comunidades ni sobre sus ciudadanos. Se trata, por tanto, de una metáfora que debe manejarse con cuidado para no sustituir el análisis por el insulto.
2. El aparato político: parlamentos, gobiernos, defensores y organismos de control
Cada comunidad autónoma tiene un parlamento (desde los 33 diputados de La Rioja hasta los 135 de Cataluña), un gobierno con consejeros, una presidencia, un tribunal superior de justicia (como órgano estatal pero con sede regional), un defensor del pueblo autonómico en la mayor parte de ellas, un tribunal de cuentas o cámara de cuentas, consejos consultivos, consejos económicos y sociales, agencias de protección de datos (algunas), agencias de transparencia y, en varias, un consejo audiovisual. En total, miles de cargos políticos y decenas de miles de empleados públicos en funciones que existen a nivel estatal.
El coste directo de los parlamentos autonómicos no supera, en conjunto, unos pocos cientos de millones al año: es pequeño en proporción al gasto total. Pero el coste real incluye los salarios de los cargos de designación política, las dietas, los grupos parlamentarios, las retribuciones y los gabinetes. Y, sobre todo, el coste de la duplicidad normativa: cada parlamento legisla, cada ley autonómica puede entrar en conflicto con la estatal o con las de otras comunidades.
El mayor coste no está en los parlamentos sino en la multiplicación de gobiernos con sus altos cargos, asesores, vehículos oficiales y estructuras de apoyo que reproducen, a pequeña escala, el aparato del Estado. El número de altos cargos, asesores y personal eventual es la partida más difícil de cuantificar de forma homogénea, porque cada comunidad lo registra de manera distinta.
3. Entes instrumentales, empresas y fundaciones públicas
Es en el sector público instrumental donde el gasto se vuelve más difuso: agencias, empresas públicas, consorcios, fundaciones y entes públicos autonómicos que gestionan desde turismo hasta I+D, pasando por la televisión, el deporte o la cooperación internacional. Informes del Tribunal de Cuentas y de las cámaras de cuentas autonómicas han documentado la existencia de centenares de entes con poca actividad, baja transparencia, retribuciones elevadas o funciones solapadas con otras administraciones. El informe CORA de 2013 identificó más de dos mil entes, parte de los cuales fueron extinguidos o fusionados con ahorros reales.
Las televisiones autonómicas son un ejemplo extremo: cada una cuesta de media decenas de millones al año, con audiencias que suelen ser minoritarias, y sin que quede claro el valor público añadido que ofrecen frente a una televisión pública única con desconexiones territoriales. En comunidades con lengua propia hay un argumento cultural sólido; en las demás, los argumentos son mucho más débiles.
En cuanto a la gestión, la ausencia de un registro unificado de entes instrumentales dificultó durante años saber cuántos existían, y solo la presión de los organismos de control permitió inventariarlos. Un inventario riguroso y la obligación de justificar periódicamente la utilidad de cada ente serían los primeros pasos de saneamiento.
4. Política exterior, delegaciones y competencia entre comunidades
Varias comunidades mantienen delegaciones en Bruselas, oficinas comerciales en el extranjero y representaciones culturales. Muchas son útiles para la promoción económica y el lobby europeo; otras funcionan como «embajadas» de baja productividad. La Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado (2014) intentó ordenar esta actividad, pero la coordinación es limitada. Además, la competencia entre comunidades en materia fiscal (impuesto de sucesiones, patrimonio, tramos autonómicos de IRPF) genera una carrera a la baja que beneficia a los más ricos y a las comunidades con mayor capacidad de atraer residentes, a costa de las demás.
Otro frente es la competencia por atraer empresas y eventos con ayudas y subvenciones, con duplicación de infraestructuras (aeropuertos, puertos, universidades, centros de investigación). Todo ello produce ineficiencias que no se ven en los presupuestos individuales pero que sumadas son considerables.
A ese cuadro se suma la proyección exterior: algunas comunidades mantienen embajadas informales con decenas de empleados cuyo valor añadido frente a la red consular y comercial del Estado no está demostrado, aunque en el caso de las oficinas de promoción comercial sí existen resultados contrastables. En el plano de la competencia, un caso recurrente es la oferta fiscal diferenciada entre comunidades (bonificaciones en patrimonio, sucesiones o tramos del IRPF) para atraer residentes y capital, que genera una carrera a la baja y distorsiones que las comunidades con menor capacidad fiscal no pueden seguir. Del mismo modo, la competencia por acoger eventos, sedes de empresas y centros de decisión mediante incentivos públicos puede convertirse en un juego de suma cero, en el que el Estado en su conjunto paga dos veces por una misma actividad.
5. Qué parte del gasto es servicio y qué parte es aparato: una estimación honesta
Con prudencia: los servicios fundamentales (sanidad, educación, servicios sociales) suponen alrededor del 80 % del gasto autonómico. El resto incluye administración general, infraestructuras, desarrollo económico, cultura, medios, deuda y gasto político. Si se quiere reducir duplicidades, el margen de maniobra está en ese 20 %, en la gestión de los servicios (compras agregadas, sistemas informáticos compartidos, centralización de servicios de apoyo) y en la coordinación. Es dinero real —decenas de miles de millones al año—, pero no el «cheque en blanco» que algunos imaginan.
Por tanto, una reforma seria no pasaría necesariamente por suprimir comunidades, sino por podar y compartir: eliminar entes inútiles, fusionar agencias, establecer plataformas comunes de contratación y de gestión de personal, unificar los sistemas de información sanitaria y educativa, y fijar un tope estatal de crecimiento del sector público instrumental. Esas medidas son políticamente asumibles y generan ahorros demostrables.
Cualquier cálculo honesto debe admitir que estas cifras tienen un margen de error amplio, porque la contabilidad pública no permite separar con precisión funciones, por lo que se reclama una contabilidad analítica homogénea. Por tanto, la crítica que mejor resiste el análisis no es contra las comunidades como tales, sino contra la falta de control sobre su aparato accesorio y de una contabilidad comparable que permita compararlas entre sí y con el Estado.