LOREG D'Hondt Circunscripciones Listas
1. Cómo se vota realmente al Congreso
El Congreso de los Diputados tiene 350 escaños que se reparten entre 52 circunscripciones: las 50 provincias más Ceuta y Melilla. Cada provincia recibe un mínimo inicial de dos diputados (uno en Ceuta y Melilla) y los restantes se distribuyen proporcionalmente a la población. Dentro de cada circunscripción se aplica la fórmula D'Hondt con listas cerradas y bloqueadas y una barrera legal del 3 % de los votos válidos de la circunscripción. Es una combinación de proporcionalidad corregida: cuanto más pequeña la provincia, más se parece el sistema a uno mayoritario, y cuanto mayor, más proporcional.
Esto explica por qué en una provincia de dos o tres escaños (Soria, Teruel, Cuenca, Zamora, Segovia, Ávila…) solo los dos o tres primeros partidos obtienen representación, mientras que en Madrid (37) o Barcelona (32) entran formaciones menores. El resultado agregado es relativamente proporcional a escala nacional en los partidos grandes, pero con sesgos: favorece a los partidos fuertes en provincias pequeñas y castiga a los partidos nacionales pequeños con voto repartido, que necesitan muchos votos por escaño, y beneficia a los partidos regionales concentrados, que necesitan muy pocos.
Cada provincia recibe de partida dos escaños (más uno para Ceuta y otro para Melilla) y los 248 restantes se reparten según la población, un diseño que sobrerrepresenta a las provincias pequeñas y obliga a los grandes partidos a competir de forma muy distinta según el territorio.
2. La prima a los pivotes regionales
El efecto más notable de este sistema en la política reciente es el valor desproporcionado de los partidos regionales. Con unos 500.000 votos, un partido concentrado en una comunidad (por ejemplo, Junts, PNV, EH Bildu, ERC, BNG, CC) puede obtener entre uno y siete escaños; un partido nacional con el mismo número de votos distribuidos por toda España puede quedarse con uno o ninguno. Esto no es una injusticia en abstracto, porque cada voto se cuenta en su circunscripción, pero se traduce en una realidad política: en un parlamento fragmentado, esos pocos escaños decidirán el gobierno.
El resultado es una dinámica de investidura y presupuestos en la que los partidos territoriales pactan competencias, transferencias, condonaciones, políticas lingüísticas o reconocimientos simbólicos a cambio de apoyo. No es ilegal ni nuevo (los gobiernos de González, Aznar y Zapatero lo hicieron en distintos momentos), pero la fragmentación actual lo ha convertido en el modo normal de gobernar. A su vez, el voto de los partidos nacionales pequeños, a menudo más cercanos a las preocupaciones transversales, queda infrarrepresentado.
Para los grandes partidos nacionales, esto implica una dependencia estructural de socios con intereses específicos de un territorio, algo que se acentúa cuando la diferencia entre bloques es de pocos escaños.
3. Listas cerradas y partidocracia
El sistema de listas cerradas y bloqueadas implica que el elector vota un paquete cerrado de candidatos ordenados por el partido. El diputado debe su puesto a la dirección que lo coloca en la lista, no al ciudadano. Esto explica la fuerte disciplina de voto: un diputado que se aparte de la línea corre el riesgo de no figurar en la siguiente candidatura. Y explica también que el diputado sea tan poco conocido por sus electores como lo sea quien le pone en la lista: la relación de representación pasa por la maquinaria partidista, no por el territorio.
El coste democrático es una menor rendición de cuentas individual: los ciudadanos no pueden premiar o castigar a un diputado concreto, y el parlamentario no tiene incentivos para atender a su distrito. La alternativa de listas abiertas o desbloqueadas (como en Finlandia, Suiza o Países Bajos con voto preferente) mejora la relación pero aumenta la competencia interna dentro del partido y puede favorecer candidatos con más notoriedad que competencia. Tampoco hay un modelo perfecto; el debate es entre grados de apertura.
Las listas abiertas, como las del Senado o las de países como Finlandia, permitirían al elector premiar o castigar a personas concretas, pero también tienen costes, como la competencia interna entre candidatos del mismo partido y el mayor gasto de campaña.
4. Propuestas de reforma: lo que mejora y lo que cuesta
Hay varias reformas posibles. Una circunscripción nacional de restos que reparta una parte de los escaños (por ejemplo, 50 de 350) proporcionalmente a escala estatal, corrigiendo el sesgo contra partidos nacionales pequeños. Listas desbloqueadas con voto preferente, para dar más poder al elector. Un umbral nacional mínimo (por ejemplo, 3 % a escala estatal) para acceder a escaños, que reduce la fragmentación pero también perjudicaría a algunos partidos regionales. Cambio de la fórmula D'Hondt por Sainte-Laguë, algo más proporcional. O una prima de mayoría, como la italiana o la griega, que garantice gobernabilidad al primer partido o coalición.
Cada una tiene beneficios y costes. La circunscripción de restos y el umbral nacional son técnicamente posibles por ley orgánica, aunque el art. 68 CE fija un mínimo de circunscripción provincial y un rango de entre 300 y 400 diputados, lo que condiciona los cambios. La LOREG puede modificarse con mayoría absoluta, pero quienes votarían la reforma son los partidos que se benefician del sistema actual, de manera que su aprobación depende más de la presión pública que de la técnica.
En términos prácticos, las medidas de menor coste político son las que no tocan la Constitución y pueden aprobarse por ley orgánica, como las listas desbloqueadas o el cambio de la fórmula de reparto; las que alteran el número mínimo de escaños por provincia exigirían, en cambio, reformar el artículo 68.
5. Senado y elecciones locales: dos problemas añadidos
El Senado se elige por un sistema distinto: en cada provincia se votan hasta tres candidatos (cuatro en las islas mayores) por lista abierta limitada, de modo que el partido más votado se lleva casi todos los escaños. Además, las asambleas autonómicas designan senadores adicionales. El efecto es una cámara con mayorías muy distintas a las del Congreso y un papel limitado en la práctica, lo que aleja aún más al Senado de su definición constitucional como cámara territorial. Es el órgano donde la reforma sería más fácil y más útil, pero sigue sin abordarse.
En las elecciones municipales, el sistema de listas cerradas con D'Hondt y barrera del 5 % también produce situaciones de alcaldías en minoría y transfuguismo. En ayuntamientos grandes se discute la elección directa del alcalde, como en Reino Unido o Italia. Una reforma local con segunda vuelta o con prima de gobernabilidad municipal reduciría la inestabilidad, aunque exige un debate específico sobre autonomía local y proporcionalidad.
Un último rasgo: el voto en blanco y la abstención no tienen ningún efecto sobre la composición de las cámaras, porque el reparto de escaños depende solo de los votos válidos a candidaturas.