Quick wins 12–24 meses Ley ordinaria
1. La regla del taller: qué cuenta como «rápido»
«Rápido» significa aquí aquello que se puede hacer con ley ordinaria, presupuestos, ejecución administrativa o pacto político sin reforma constitucional: un plan de vivienda, un decreto de simplificación, un acuerdo de renovación del CGPJ, una reorganización de agencias. «Lento pero estructural» es todo lo que toca los arts. 167–168 de la Constitución: monarquía, autonomías, estructura del Senado, un eventual cuarto poder. Esta distinción es crucial porque la política española tiende a gastar su capital político en lo segundo, que es simbólico y casi imposible, y a descuidar lo primero, que es gestionable.
El segundo criterio es la visibilidad para el ciudadano. Una medida de 12–24 meses que reduce listas de espera, acelera trámites o aumenta la oferta de vivienda asequible genera confianza, y esa confianza es el capital que hace posible reformas posteriores más duras. Al contrario, un gobierno que promete refundar el Estado sin resolver la cola del centro de salud se queda sin crédito antes de empezar. La buena secuencia es: ejecución visible, después reformas de reglas, después símbolos.
El tercer criterio es el de la ejecución. España no tiene un problema de leyes, sino de capacidad de ejecución: plazos de licitación, procedimientos de autorización, escasez de personal técnico, cultura administrativa defensiva. Los fondos Next Generation EU lo mostraron con crudeza: el país tardó en ejecutar parte de lo comprometido, y lo hizo recurriendo a macroproyectos ómnibus y consultoras externas. Si el diagnóstico es de ejecución, la prioridad es reforzar la capacidad técnica del Estado, no añadir otra ley.
2. Vivienda a escala: el primer frente
El programa de vivienda es el primero de los frentes rápidos porque es la mayor demanda social y porque se puede empezar en este mandato. Elementos concretos: un programa estatal de vivienda asequible con objetivo anual (por ejemplo, cientos de miles de unidades a diez años) y financiación estable; movilización de suelo público (Sepes/Sareb, patrimonio del Estado, suelos de Defensa, Adif, ayuntamientos); un operador público de alquiler asequible con capacidad de endeudamiento; límites a la vivienda turística en zonas tensionadas (Ley 12/2023 más ordenanzas locales); e incentivos fiscales para alquiler de larga duración.
La clave es no depender de un único instrumento. Un ejemplo: la Sareb (el «banco malo») debía haber sido el gran proveedor de vivienda social, pero su parque efectivamente disponible fue limitado y su aportación a alquiler social tardó años. Un ejemplo contrario: Viena, con más del 40 % del parque en vivienda protegida o municipal, mantiene alquileres moderados durante décadas gracias a una política de suelo y de financiación continuada. La lección es que la oferta pública masiva necesita una década de continuidad, no tres anuncios.
Lo que no funciona rápido es el control de alquiler solo: puede dar alivio inmediato a quien ya tiene contrato, pero reduce la oferta de nuevos contratos, empeora la calidad del parque si no hay mantenimiento y desplaza el problema a quien llega. Los controles de renta son una medida complementaria con efectos secundarios, no el centro de una estrategia. La serie de economía profundiza en cuatro fichas (47–50).
3. Listas de espera, médicos y coordinación sanitaria
La sanidad es el segundo servicio más sentido por el ciudadano. Las listas de espera quirúrgicas y de consulta con especialista, del orden de cientos de miles y millones de personas respectivamente, y la falta de médicos de familia, sobre todo en zonas rurales y comunidades menos atractivas, son síntomas de un sistema financiado de forma desigual y organizado en 17 compartimentos. Una medida rápida sería fijar mínimos estatales vinculantes (tiempos máximos garantizados por proceso, con derecho a ser derivado a otro centro público o concertado si se superan) y publicar los datos de forma homogénea y mensual.
La segunda palanca es de personal: ampliar plazas MIR y de formación sanitaria especializada, crear carrera profesional comparable a la de los países vecinos, incentivos reales para destinos de difícil cobertura y reconocimiento más ágil de títulos extranjeros (hoy un trámite lento que desperdicia talento ya presente en España). La tercera es de compra agregada: tecnología sanitaria, medicamentos y suministros, donde la fragmentación autonómica encarece la compra y debilita la capacidad negociadora.
Todo esto es compatible con el reparto competencial vigente, porque se instrumenta mediante la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, convenios y financiación condicionada. Lo difícil no es la técnica sino la voluntad: las comunidades defienden su autonomía de gestión, y un Gobierno central sin autoridad moral ni financiera tiene poco que ofrecer. Un fondo estatal condicionado a resultados y a datos transparentes es la forma más probable de que se mueva algo.
4. Choque anticorrupción y desbloqueo institucional
Hay un paquete de «higiene democrática» que se puede aprobar sin reformar la Constitución. Plazos máximos razonables en las causas de corrupción (con medios para cumplirlos, no solo con el reloj), protección efectiva a los denunciantes (reforzando la Ley 2/2023 y creando una Autoridad Independiente de Protección del Informante con medios reales), transparencia de contratos y subvenciones con publicación en datos abiertos, y regulación estricta de las puertas giratorias. La Ley 19/2013 de transparencia necesita reforma para ampliar sujetos obligados y reducir excepciones, que hoy permiten negar información con argumentos genéricos.
El desbloqueo del CGPJ y de otros órganos constitucionales es también una medida rápida: aprobar un sistema de elección que reduzca el reparto de cuotas por partido (vocales judiciales elegidos por los jueces, como pide además la UE y el Consejo de Europa) y cumplir los plazos de renovación. España ha pasado años con órganos en funciones por falta de pacto, lo que erosiona la legitimidad y distorsiona los nombramientos. Si los grandes partidos no lo aceptan voluntariamente, la presión europea (el informe anual sobre Estado de derecho de la Comisión) es la palanca más eficaz.
Por último, la política de contratación pública merece prioridad: licitaciones abiertas y trazables, límite a las modificaciones contractuales, auditorías por muestreo y sanciones disuasorias. Es el terreno donde se juega la corrupción más cotidiana y más cara. La serie de justicia desarrolla estos puntos en las fichas 36–45.
5. Burocracia, digitalización y software libre
Simplificar la burocracia es una de las pocas reformas con consenso transversal en teoría y con muy escasa ejecución en la práctica. Hay medidas concretas: silencio administrativo positivo allí donde el interés público lo permita, ventanilla única digital real (no un portal que remite a otro), «una sola vez» (ningún ciudadano debe aportar un dato que la Administración ya tiene), plazos máximos vinculantes con consecuencias, y reducción de decretos-ley ómnibus que mezclan materias y generan inseguridad jurídica. La Ley 39/2015 ya recoge principios de ese tipo; falta cumplimiento.
El software libre tiene aquí un papel: «primero código abierto» en la nueva contratación TIC pública, estándares abiertos de documento e identidad, compra agregada, y un repositorio compartido entre administraciones. Un ejemplo útil es la reutilización de soluciones: en vez de que cada comunidad, diputación y ayuntamiento contrate su propio gestor de expedientes, un sistema libre financiado una vez y mantenido por una comunidad de administraciones ahorraría licencias y mejoraría la calidad.
No hay que idealizar: migrar a software libre tiene costes de formación, de compatibilidad y de mantenimiento, y exige liderazgo técnico estable. Pero la dependencia de grandes proveedores (en nube, en ofimática, en inteligencia artificial) es un riesgo estratégico en un contexto geopolítico incierto, y ha costado miles de millones en licencias que podrían haber financiado capacidad propia.
6. FP dual, empleo joven y energía
El tercer eje rápido es el del empleo joven. España tiene una de las tasas de paro juvenil más altas de la UE, con una relevante población que ni estudia ni trabaja y un abandono escolar temprano que, aun habiendo mejorado, sigue por encima de la media europea. La formación profesional dual, que combina centro educativo y empresa, es la herramienta que mejor funciona en Alemania, Austria y Suiza. En España tiene poca implantación porque el tejido de pymes es muy pequeño, las empresas no están acostumbradas a formar y la Administración educativa y la laboral van cada una por su lado.
Una política rápida pasa por plazas de FP junto a polos industriales, incentivos efectivos para empresas formadoras (no solo bonificaciones teóricas), vivienda cercana para los aprendices y reconocimiento social del título. En energía, el cuello de botella son los permisos de conexión a red y el almacenamiento: sin red no hay industria nueva ni renovables adicionales ni descarbonización creíble. El apagón de abril de 2025 reforzó el argumento de que la inversión en redes, almacenamiento y control de tensión es una prioridad de seguridad nacional, no una preferencia ambiental.
Hay un efecto de sinergia: industria con energía barata y fiable más trabajadores formados más vivienda cerca generan localización productiva. España tiene ventajas (sol, viento, puertos, ubicación) que hoy se desperdician por fallos de coordinación entre los tres niveles de administración. Eso es lo que un programa rápido debería atacar.
7. Fiscalidad y gasto: lo que se puede hacer sin dogma
En fiscalidad, el debate suele reducirse a «subir» o «bajar» impuestos. Una agenda más útil distingue entre estructura y nivel. La estructura española tiene rasgos discutibles: una elevada cuña fiscal sobre el trabajo, un IVA con numerosos tipos reducidos que pierde recaudación sin beneficiar proporcionalmente a quien más lo necesita, un impuesto de sucesiones y patrimonio con grandes diferencias entre comunidades (competencia fiscal a la baja), y una imposición sobre vivienda que favorece la compra frente al alquiler. Armonizar tributos cedidos o fijar mínimos y máximos reduciría el arbitraje.
En gasto, la prioridad es evaluar: la AIReF ha publicado revisiones del gasto (spending reviews) que identifican ineficiencias en subvenciones, políticas activas de empleo y gasto sanitario farmacéutico. Su aplicación ha sido tímida. Una regla sencilla: ningún programa de gasto importante sin evaluación previa y evaluación posterior, publicada, con consecuencias. Si un programa no funciona se redefine o se cierra. Esto no es austeridad: es calidad del gasto.
El peso de las pensiones (en torno al 12 % del PIB y creciendo), el pago de intereses de la deuda (decenas de miles de millones al año) y el envejecimiento condicionan el margen. Cualquier promesa que ignore estas restricciones es electoralismo. Un Estado honesto explica a la ciudadanía qué se puede financiar con los ingresos actuales y qué exigiría subir impuestos o reducir otro gasto.
8. Calendario 100 días / 12 meses / 24 meses y lo que no hay que hacer
Un calendario realista tendría tres tramos. En los primeros 100 días: acuerdos de desbloqueo institucional, decreto de simplificación administrativa, programa de vivienda con suelos identificados, publicación homogénea de listas de espera, fondo estatal condicionado para sanidad. En 12 meses: ley de transparencia reformada, ley orgánica de elección del CGPJ, estrategia de FP dual, plan de redes eléctricas y almacenamiento, primeras licitaciones de vivienda pública a escala. En 24 meses: evaluación independiente de resultados y ajuste de lo que no funcione.
También hay cosas que no hay que hacer: no abrir la reforma constitucional como primera medida (consumiría el capital político y paralizaría todo lo demás), no prometer plazos imposibles (las viviendas tardan años en construirse, y la expectativa frustrada alimenta cinismo), no dar la vuelta a todas las leyes del gobierno anterior (el vaivén legislativo en educación o vivienda es un lastre) y no descargar los costes sobre un único colectivo (propietarios pequeños, autónomos, jóvenes).
Las medidas rápidas no sustituyen a las reformas estructurales, pero las hacen posibles. Si entregas resultados en vivienda, sanidad y justicia, el capital político para reformas constitucionales crece; si no, cualquier propuesta de refundar el Estado se interpreta como maniobra de distracción. Y conviene medir: cada medida de este calendario debería llevar un indicador público (plazo medio de espera, viviendas entregadas, expedientes resueltos en plazo) que permita a la ciudadanía comprobar, trimestre a trimestre, si el Gobierno cumple o simplemente anuncia.