Memoria democrática Franquismo Amnistía Víctimas del terrorismo
1. Qué se hizo y qué quedaba pendiente
La Transición se apoyó en un pacto implícito de olvido y reconciliación: la Ley de Amnistía de 1977 liberó a presos políticos antifranquistas y, a la vez, cerró la puerta a procesos contra responsables de la dictadura. Durante décadas, el Estado se desentendió de las víctimas del franquismo, que dependían de asociaciones y familias. La Ley 52/2007 de Memoria Histórica reconoció derechos, retiró símbolos y facilitó las exhumaciones, y la Ley 20/2022 de Memoria Democrática las reforzó y fue más lejos: declaró la nulidad de condenas de tribunales franquistas, creó un censo de víctimas, prohibió fundaciones que exalten la dictadura, regularizó el estatus del Valle de Cuelgamuros y estableció un régimen sancionador.
Las cifras de desaparecidos del franquismo (que se sitúan en torno a las 114.000 personas, según el recuento judicial de 2008, y unas 2.500 fosas comunes mapeadas) hacen de España uno de los países con mayor número de desaparecidos forzosos sin localizar, tras Camboya. Naciones Unidas ha pedido de forma repetida que el Estado asuma la búsqueda e identificación. Desde esta perspectiva humanitaria, más allá de ideología, el Estado tiene una deuda con miles de familias que desean recuperar y enterrar con dignidad los restos de sus seres queridos. Esta labor se ha acelerado en los últimos años, con convenios con universidades y asociaciones y la creación de un banco de ADN.
El debate sobre la memoria se mueve entre dos posiciones extremas: quienes consideran que es una obsesión de «reabrir heridas» y quienes lo ven como una tarea inconclusa de justicia. La posición razonable distingue entre el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad, la identificación y el reconocimiento (que es una obligación humanitaria indiscutible) y las disputas políticas sobre el relato histórico, donde la pluralidad de interpretaciones es legítima.
2. Cuelgamuros, símbolos y régimen sancionador
La exhumación de Franco del Valle de los Caídos en octubre de 2019 cerró una anomalía democrática: el dictador reposaba en un lugar monumental de exaltación, donde también están sepultadas decenas de miles de víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil. La Ley de 2022 transformó el lugar en Valle de Cuelgamuros, con la voluntad de convertirlo en un espacio de memoria y reconciliación, y el proyecto de resignificación ha generado controversia por su coste, su diseño y la situación de la comunidad benedictina y de la basílica. Los familiares de víctimas enterradas allí reclaman su identificación y entrega.
La ley establece también un régimen sancionador (multas de hasta 150.000 euros) para actos de exaltación del golpe militar o de la dictadura, y la posible disolución de fundaciones que lo hagan. Aquí aparece una tensión con la libertad de expresión: una democracia «militante» puede proscribir apologías de regímenes que cometieron crímenes, pero cada limitación de expresión debe ser estrecha, proporcionada y sujeta a control judicial, para evitar una instrumentalización política. Los precedentes europeos (prohibiciones del nazismo en Alemania, leyes de memoria en Francia o Polonia) muestran enfoques diversos y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exigen proporcionalidad.
Retirar símbolos de exaltación (calles, placas, monumentos) es una decisión legítima, pero requiere criterios claros y una aplicación sin sectarismo: de lo contrario se alimenta la percepción de que la memoria es un instrumento de una parte contra otra. La memoria democrática debe ser inclusiva: recordar a todas las víctimas de la violencia política, incluidas las de la represión en la retaguardia republicana.
3. Las víctimas del terrorismo y la memoria plural
La memoria de España no se agota en el franquismo. Más de 850 personas fueron asesinadas por ETA y cientos más por otros grupos terroristas (GRAPO, terrorismo de extrema derecha, Grupos Antiterroristas de Liberación, yihadismo), con miles de heridos y familias destrozadas. La Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo y las políticas de memoria asociadas (Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, en Vitoria) han atendido sus derechos. Sin embargo, persisten heridas abiertas: más de 300 asesinatos de ETA sin esclarecer judicialmente, según los recuentos de asociaciones de víctimas, y la presencia en instituciones de formaciones que durante años no condenaron la violencia.
El debate sobre el «final del terrorismo» incluye el tratamiento penitenciario de presos de ETA, la participación política de EH Bildu (que ha condenado explícitamente la violencia en comunicados y rechazado el terrorismo, aunque sin colaboración plena para esclarecer los crímenes pendientes), los homenajes a presos excarcelados («ongi etorri») y la colaboración con la justicia. Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación; la sociedad vasca y española tiene el desafío de construir una memoria compartida que deslegitime la violencia sin excluir a quienes han abandonado las armas.
Una política de memoria seria debería integrar ambos dolores sin competencia ni equivalencia moral: la represión de una dictadura y el terrorismo contra una democracia son realidades distintas, y cada una merece reconocimiento específico. Lo que no es legítimo es usar a unas víctimas contra otras.
4. La amnistía de 2024 y el uso político de la historia
La Ley Orgánica 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña extinguió responsabilidades penales, administrativas y contables de personas implicadas en el proceso independentista entre 2012 y 2023, como parte del acuerdo político que permitió la investidura de 2023. Su validez fue examinada por el Tribunal Constitucional, que en 2025 la avaló en lo sustancial con algunas precisiones, y se sometió a cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE (ver ficha 42). Sus defensores la presentaron como un instrumento de reconciliación política; sus críticos, como una autoamnistía de conveniencia parlamentaria que erosiona la igualdad ante la ley y la separación de poderes.
En el plano de la memoria, el debate refleja una paradoja: la Ley de Amnistía de 1977 fue en su día el pilar de la reconciliación y algunos de quienes la reivindicaron hoy cuestionan su alcance para los crímenes del franquismo, mientras que quienes defienden hoy la amnistía para el independentismo la critican por la razón opuesta. La coherencia argumental y la neutralidad institucional son escasas en ambos bandos, lo que muestra hasta qué punto el pasado se utiliza como arma del presente.
La historia como disciplina requiere investigación abierta, archivos accesibles (de ahí la urgencia de reformar la ley de secretos de 1968, ficha 80) y libertad académica. La memoria como política pública requiere neutralidad, pluralismo y rigor. Mezclar ambas con la propaganda de partido degrada ambas.
5. Propuesta del taller
El taller propone: 1) una política de Estado de búsqueda e identificación de desaparecidos con financiación estable, plazos y rendición de cuentas, y con acceso garantizado a archivos civiles, militares y eclesiásticos; 2) un criterio uniforme y objetivo para la retirada de símbolos, con control judicial y pluralismo histórico; 3) la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y apertura de archivos; 4) un régimen sancionador acotado a la incitación a la violencia o la discriminación, no a la mera opinión histórica; 5) memoria integral de todas las víctimas de violencia política, con centros y programas educativos conjuntos; 6) compromiso de no usar la memoria como arma electoral, preferiblemente con un pacto entre los grandes partidos.
Un país maduro puede mirar su pasado con serenidad sin convertirlo en bandera. Resolver lo humanitario (los desaparecidos), garantizar lo jurídico (la verdad y la reparación) y dejar a los historiadores debatir lo interpretativo es la combinación que más se parece a una reconciliación real.
La paradoja es que las leyes de memoria, cuando se aprueban sin consenso, perpetúan la división que pretendían cerrar. Los países que lo han logrado mejor (Alemania, Sudáfrica, Chile en cierta medida) lo hicieron con mecanismos que implicaron a todos los sectores.