Violencia de género Igualdad Pacto de Estado VioGén
1. Una legislación pionera
España fue uno de los primeros países europeos en dotarse de una ley integral contra la violencia de género: la Ley Orgánica 1/2004, que creó los juzgados de violencia sobre la mujer, reforzó las medidas de protección, tipificó agravantes específicas, estableció el derecho a asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita inmediata, y fijó órganos de coordinación (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Observatorio). A ella se sumó la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (planes de igualdad en empresas, presencia equilibrada, permisos), el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 (renovado en 2025) con cientos de medidas y fondos para ayuntamientos y comunidades, y la Ley de Paridad de 2024 (LO 2/2024), que exige representación equilibrada (40 %) en gobiernos, listas electorales y consejos de administración de grandes empresas.
El conjunto es una de las arquitecturas más completas de Europa. Se complementa con VioGén, el sistema de seguimiento integral de casos, que desde 2007 valora el riesgo de cada víctima y coordina a policías, jueces y servicios sociales, y con el teléfono 016, los dispositivos telemáticos de control de alejamiento («pulseras») y las unidades especializadas de policía (UPAP, EMUME, UFAM) y fiscalía. Esta estructura ha permitido que denunciar sea más fácil y que la sociedad haya interiorizado el rechazo social a la violencia machista, un cambio cultural de gran calado en dos décadas.
Además, el avance en derechos de igualdad laboral y social ha sido notable: permisos de paternidad y maternidad equiparados y plenamente intransferibles de 16 semanas desde 2021, registro retributivo y auditorías salariales obligatorias para empresas, protección frente al acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo, y presencia creciente de mujeres en instituciones: más del 60 % de los licenciados universitarios son mujeres, y hay paridad en el Gobierno y en las Cortes. Son logros que merecen reconocerse sin matices.
2. Los datos: asesinatos, denuncias y el problema del «no denunciantes»
Desde 2003, año en que se empezó a contabilizar oficialmente, más de 1.300 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España, con una cifra anual que oscila entre unas 45 y 75, con tendencia a una ligera reducción desde el máximo de 2008 pero sin descensos espectaculares. Cada año se presentan en torno a 160.000–200.000 denuncias por violencia de género y más de 30.000 mujeres figuran en VioGén con riesgo apreciado. Alrededor de una cuarta parte de las víctimas mortales habían denunciado previamente, lo que implica que tres cuartas partes no lo habían hecho, un indicador de la dificultad de llegar a las mujeres más aisladas, dependientes o con miedo, y del límite del enfoque centrado en la denuncia.
La población extranjera está sobrerrepresentada entre víctimas y agresores respecto a su peso demográfico (en torno a un tercio de los casos con víctimas y agresores de origen extranjero), por factores de vulnerabilidad económica, aislamiento y menor acceso a la información. Este es un dato que se maneja con cuidado: debe servir para dirigir mejor los recursos de prevención, no para estigmatizar a un colectivo. También conviene señalar que la mayor parte de agresores son españoles.
Hay además formas de violencia menos visibles en las estadísticas: violencia psicológica y económica, violencia digital (control del móvil, difusión de imágenes), violencia sexual fuera de la pareja y violencia vicaria contra los hijos como instrumento de daño a la madre, que ha motivado propuestas específicas para su reconocimiento legal y la protección de los menores.
3. Dónde falla el sistema: pulseras, órdenes y recursos desiguales
Los fallos del sistema de protección son los que dan lugar a las tragedias. El sistema de dispositivos telemáticos de control (pulseras) ha experimentado episodios de problemas técnicos, de cobertura y de gestión por parte de las empresas adjudicatarias, que provocaron alertas y revisiones del contrato. Las órdenes de protección se conceden con criterios desiguales entre juzgados, y a veces se rechazan o se levantan con una valoración insuficiente del riesgo. Los juzgados especializados cubren las grandes ciudades, pero en zonas rurales y de menor población la atención recae en juzgados mixtos con menos recursos y formación.
El Pacto de Estado asignó fondos a ayuntamientos, pero su ejecución es desigual, con parte de los recursos sin gastar o dedicados a campañas de impacto limitado. La cobertura de centros de crisis 24 horas y la atención psicológica a víctimas y a sus hijos varía según el territorio, y las ayudas económicas son modestas. También es insuficiente el trabajo con los agresores en programas de reeducación, y la coordinación entre servicios sociales, sanitarios, educativos y judiciales es todavía irregular.
Al evaluar el sistema hay que ser honesto en ambos sentidos: es mucho mejor que hace veinte años, y sigue fallando en un número de casos que no debería existir. Cada asesinato con denuncia previa es un fracaso institucional que requiere análisis individual y exigencia de responsabilidades.
4. Prevención: educación, empleo y autonomía económica
La evidencia internacional sugiere que la reducción duradera de la violencia de pareja depende tanto de la respuesta penal como de la prevención: educación en igualdad y relaciones sanas desde la infancia, autonomía económica de las mujeres (empleo, vivienda, ingresos propios) que reduzca la dependencia del agresor, cambio de normas sociales sobre masculinidad y control, y detección temprana por parte de atención primaria, escuelas y servicios sociales. La autonomía económica es un factor decisivo: sin vivienda ni ingresos, muchas mujeres no pueden abandonar a un agresor, especialmente si tienen hijos.
Preocupa el dato de que en encuestas entre jóvenes se perciba un aumento de actitudes de control y de cuestionamiento de la violencia de género en parte de la población masculina joven, algo que contradice la idea de un progreso lineal y que requiere investigación y programas específicos, sin culpabilizar a todo un colectivo. La influencia de contenidos violentos y de pornografía accesible a menores y de comunidades digitales que difunden discursos misóginos es motivo de atención.
Una política de igualdad efectiva debería medir resultados: reducción de asesinatos, de casos con denuncias previas, de tiempos de respuesta, de reincidencia de agresores, y no solo número de campañas o de fondos transferidos. Evaluar y corregir es la mejor forma de respetar a las víctimas.
5. Propuesta del taller
El taller propone: 1) auditoría independiente anual del sistema VioGén y del dispositivo de pulseras, con publicación de resultados y análisis individualizado de todos los asesinatos con denuncia previa; 2) extensión de juzgados especializados y formación obligatoria de jueces de violencia en todo el territorio; 3) centros de crisis y apoyo 24 horas en cada comarca, con vivienda de emergencia y prioridad en vivienda pública para víctimas; 4) programas de reeducación de agresores con evaluación; 5) prevención educativa basada en evidencia, desde primaria; 6) reconocimiento legal de la violencia vicaria y protección reforzada de menores.
Defender estas medidas no obliga a aceptar sin crítica cada elemento de la legislación existente, y el siguiente capítulo analiza con franqueza los problemas de diseño de algunas normas. Pero hay un núcleo de consenso que debe preservarse: la violencia contra la mujer en la pareja es un fenómeno específico, con víctimas y dinámicas propias, que justifica instrumentos propios.
La seriedad en la lucha contra la violencia de género se demuestra cuidando precisamente la calidad técnica de las leyes y la eficacia de los recursos, que son lo que protege a las mujeres, más que los gestos simbólicos.