CNI Secretos oficiales Inteligencia Seguridad Nacional
1. El CNI: qué es y cómo se controla
El Centro Nacional de Inteligencia, heredero del CESID creado en 1977, es el servicio de inteligencia del Estado, adscrito al Ministerio de Defensa, con una plantilla reducida y presupuesto reservado. Su régimen legal es la Ley 11/2002 y la Ley Orgánica 2/2002 reguladora del control judicial previo: las actuaciones que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones requieren autorización de un magistrado del Tribunal Supremo, de forma individual y por 30 días prorrogables. El control parlamentario se ejerce en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, con acceso limitado a información clasificada y sin capacidad real de supervisión detallada.
El sistema español tiene un diseño menos garantista que otros países democráticos, donde existen comisarios o inspectores generales con facultades de auditoría y comités parlamentarios con acceso efectivo. Un único magistrado del Supremo con la carga de resolver numerosas solicitudes y con información limitada es un control débil en la práctica. Los episodios de espionaje con el software Pegasus, que afectó a políticos independentistas catalanes y a miembros del Gobierno, sin que se aclararan plenamente los autores y la cadena de autorización, revelaron las limitaciones del sistema.
La inteligencia es imprescindible en el siglo XXI para la seguridad frente al terrorismo, el espionaje, la injerencia extranjera y las ciberamenazas. El problema no es que exista, sino cómo se controla. Un servicio sin control es un riesgo para las libertades; un servicio sin medios o paralizado por el miedo político es un riesgo para la seguridad.
2. La Ley de Secretos Oficiales de 1968
España sigue regida por la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, una norma preconstitucional, promulgada en pleno franquismo, con sólo una reforma menor de 1978. Atribuye al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor la facultad de clasificar asuntos como «secretos» o «reservados», sin plazo de caducidad ni procedimiento de desclasificación, lo que significa que documentos históricos pueden permanecer cerrados indefinidamente y que el acceso a información de interés público (como los archivos del 23-F, la Guerra Sucia contra ETA o episodios de la Transición) depende de la voluntad del Gobierno. El Gobierno ha anunciado en varias ocasiones su reforma, con un proyecto de Ley de Información Clasificada sin aprobación definitiva, que establecería plazos máximos de clasificación (de 4 a 65 años según el grado) y un régimen de desclasificación.
Mantener una ley franquista es una anomalía democrática que afecta a la transparencia, a la investigación histórica y al derecho a la información. También es una limitación para que los jueces accedan a información clasificada relevante en investigaciones penales: la jurisprudencia del Supremo ha reconocido la necesidad de ponderar el secreto oficial con la tutela judicial efectiva. La modernización debe definir con precisión qué es secreto, quién lo clasifica, durante cuánto tiempo y con qué controles, y proteger los intereses de seguridad nacional sin amparar el ocultamiento de abusos.
La resistencia a reformar procede en parte de la convicción de que la opacidad es cómoda para cualquier gobierno. Una ley moderna impone también obligaciones al poder, y por eso se pospone.
3. Espionaje, injerencia exterior y desinformación
España es objetivo de actividades de espionaje y de influencia por parte de servicios extranjeros: Rusia, China, Marruecos, Argelia, Irán y otros actores estatales y no estatales. Los ámbitos de interés incluyen secretos industriales y tecnológicos (aeroespacial, defensa, energía), infraestructuras críticas, comunidades de la diáspora, instituciones políticas y sistemas de información. La expulsión de diplomáticos rusos en 2022 tras la invasión de Ucrania y los ciberataques atribuidos a actores estatales ilustran esta amenaza. Las campañas de desinformación, con granjas de bots y medios afines que amplifican narrativas polarizadoras, buscan debilitar la cohesión y la confianza en las instituciones.
La respuesta se ha organizado a través del Departamento de Seguridad Nacional (en La Moncloa), con el Foro contra las Campañas de Desinformación, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 y los planes de ciberseguridad. Pero la respuesta es incompleta: no existe una ley de injerencia extranjera comparable a la australiana o la estadounidense (FARA), que obligue a registrar agentes de influencia de otros Estados; el control de inversiones extranjeras en sectores estratégicos se ha reforzado desde 2020 con la autorización previa para inversores de fuera de la UE, aunque con criterios amplios.
El debate sobre desinformación es delicado: combatirla sin convertir al Estado en árbitro de la verdad. La respuesta correcta es transparencia (identificar origen y financiación de campañas), alfabetización mediática, obligaciones a plataformas bajo el marco europeo (Reglamento de Servicios Digitales) y apoyo a periodismo independiente, no censura.
4. Seguridad nacional y libertades: el equilibrio
La tensión entre seguridad y libertad es permanente. Los instrumentos de vigilancia masiva, la retención de datos de comunicaciones, el reconocimiento facial, la videovigilancia y el uso de algoritmos predictivos pueden ayudar a prevenir delitos, pero afectan a la privacidad, al derecho a la protesta y a la presunción de inocencia. El Tribunal de Justicia de la UE ha impuesto límites estrictos a la conservación indiscriminada de datos, y el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial restringe el reconocimiento biométrico en tiempo real con excepciones. España tiene que legislar un marco claro que fije qué se puede hacer, bajo qué control y con qué transparencia.
El debate sobre la inviolabilidad de las comunicaciones y los límites a los métodos de investigación tecnológica (registro remoto de equipos, troyanos policiales, intervención de mensajería cifrada) se ha incorporado a la LECrim con la reforma de 2015, que exige autorización judicial. La proporcionalidad y la supervisión posterior son esenciales. La lección de Pegasus es que, sin controles, las herramientas de seguridad se pueden usar con fines políticos.
La seguridad no es enemiga de la libertad, pero tampoco puede ser su sustituta. Ambas dependen de instituciones sólidas, controles independientes y rendición de cuentas.
Esto implica también transparencia agregada: informes anuales públicos que indiquen cuántas intervenciones se han autorizado, con qué fundamento general y con qué resultados, sin revelar datos operativos.
5. Propuesta del taller
El taller propone: 1) una nueva Ley de Información Clasificada que sustituya a la de 1968, con plazos de caducidad, desclasificación automática y control judicial de las decisiones de clasificación; 2) reforma del control del CNI: creación de un Inspector General con capacidad de auditoría, ampliación del control judicial (varios magistrados y una sala específica), y refuerzo de la Comisión de Secretos Oficiales con acceso efectivo y personal técnico; 3) una ley de transparencia de la influencia extranjera con registro de agentes; 4) un marco legal claro sobre vigilancia tecnológica, con revisión periódica; 5) mantener y reforzar las capacidades de inteligencia y contrainteligencia ante amenazas reales.
Una democracia madura necesita un servicio de inteligencia potente y controlado. No es una paradoja: es una condición de legitimidad. La confianza en que el poder se ejerce con límites es lo que permite pedir a la ciudadanía que acepte ciertas restricciones por razones de seguridad.
Y una cultura de integridad en los servicios: protección de quienes denuncian abusos internos sin ser tachados de traidores, formación en derechos fundamentales, rotación de mandos y auditorías periódicas independientes de presupuestos reservados, que hoy escapan a casi cualquier fiscalización. La confianza en la inteligencia se construye precisamente con controles que no son visibles en el día a día pero que existen y se aplican; sin ellos, cualquier escándalo derivará en una pérdida de credibilidad que perjudica a los propios servicios y a la seguridad de todos.