Pensiones Demografía Seguridad Social Reparto
1. Qué es el sistema de pensiones y cuánto cuesta
El sistema público de pensiones español es de reparto: las cotizaciones de los trabajadores y empresas en activo pagan las pensiones de los jubilados de hoy, con la expectativa de que los cotizantes de mañana pagarán las de los actuales. Hay más de diez millones de pensiones (unos 9,3 millones de pensionistas, porque algunos perciben más de una), con un gasto anual superior a los 190.000 millones de euros, en torno al 12 % del PIB y un tercio del gasto público total. La pensión media de jubilación ronda los 1.500 euros mensuales en 14 pagas, con diferencias notables entre regímenes, sexos y trayectorias laborales.
Es el mayor programa del Estado de bienestar y uno de los de mayor impacto social: ha reducido de forma drástica la pobreza entre los mayores, que hoy tienen una tasa de riesgo de pobreza inferior a la de los jóvenes, una inversión de la situación histórica. Los pensionistas españoles tienen, como colectivo, una renta disponible similar o superior a la de la población en edad de trabajar en términos relativos, algo que explica la enorme fuerza política del colectivo.
La financiación combina cotizaciones sociales (que cubren la mayor parte del gasto contributivo) y transferencias del Estado para los complementos a mínimos, las pensiones no contributivas y los llamados «gastos impropios» (prestaciones no estrictamente contributivas que el Estado asumió en la reforma del Pacto de Toledo). El saldo del sistema contributivo ha sido deficitario en la última década, y el déficit se ha financiado con la hucha de las pensiones (agotada en 2019) y con préstamos y transferencias del Estado.
2. La demografía: el baby boom llega a la jubilación
La presión demográfica es el motor de la discusión. Los nacidos entre 1958 y 1977, la generación del baby boom español, mucho más numerosa que las anteriores y que las posteriores, se jubilará entre 2023 y 2040. Al mismo tiempo, la esperanza de vida a los 65 años ha aumentado (más de 20 años de media adicionales, con mujeres por encima de 23), lo que significa que cada pensionista cobra durante más tiempo. Y la natalidad es de las más bajas del mundo (en torno a 1,1–1,2 hijos por mujer), de modo que la base de cotizantes jóvenes crece menos que la de pensionistas.
La relación entre afiliados y pensionistas se sitúa en torno a 2,3 cotizantes por pensión, y las proyecciones de la Comisión Europea, la AIReF y el Ministerio apuntan a un descenso hacia 1,7–1,8 hacia 2050, aunque con grandes incertidumbres. Los flujos migratorios son la gran variable de ajuste: el aporte de población joven extranjera, con tasas de actividad altas, ha sostenido las cuentas de la Seguridad Social en los últimos años, y su continuidad es crítica.
No es un fenómeno específicamente español: toda Europa envejece. La diferencia es que España tiene una natalidad especialmente baja, una tasa de empleo menor y una estructura de cotizaciones que depende de salarios medios modestos. Una pensión alta con salarios bajos es una ecuación difícil.
3. Ni quiebra ni garantía eterna: el debate bien planteado
El debate público oscila entre dos posiciones equivocadas. La primera dice que «el sistema va a quebrar». Un sistema de reparto no quiebra en sentido estricto mientras el Estado tenga capacidad de recaudar: el problema no es que desaparezcan las pensiones, sino que su coste crece y debe financiarse con más cotizaciones, más impuestos, menos otro gasto, más deuda o menores pensiones relativas. La segunda dice que «las pensiones están garantizadas» sin explicar cómo, ignorando que cualquier promesa depende de decisiones políticas y económicas futuras.
La pregunta honesta es cuánto de la renta nacional queremos destinar a pensiones y cómo repartimos el esfuerzo entre generaciones. Cada punto de PIB equivale a unos 16.000 millones de euros al año. Si el gasto en pensiones sube del 12 % al 15 % del PIB en 2050, el coste adicional es de varios miles de millones anuales cada año. Esa subida es financiable con crecimiento y reformas, pero exige elecciones explícitas: más impuestos, más cotizaciones, retraso de la jubilación efectiva, mayores pensiones privadas complementarias o una combinación.
El gran riesgo político es la conflictividad intergeneracional. Los jóvenes sufren precariedad, vivienda cara y salarios bajos, y se les pide financiar a una generación que ha tenido condiciones más favorables. Una mayor transparencia de las cuentas (cuánto aporta cada generación y cuánto recibe) ayudaría a que el debate fuera más maduro.
4. El Pacto de Toledo y la política de pensiones como política de Estado
Desde 1995, el Pacto de Toledo ha sido el foro parlamentario donde los grandes partidos y los agentes sociales debaten las reformas de pensiones, con recomendaciones periódicas. Su valor es haber mantenido el consenso mínimo sobre el sistema y haber protegido las pensiones de la competición electoral directa. Su límite es que a menudo su dinámica de consenso retrasa las decisiones difíciles hasta que ya son urgentes, y que sus recomendaciones no son vinculantes.
La reforma de 2013 introdujo el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que vinculaba la subida de las pensiones a la situación financiera del sistema. Pero ambos mecanismos fueron derogados o suspendidos antes de aplicarse, bajo presión política y movilización de pensionistas en 2018. El episodio muestra que las reglas automáticas que reducen pensiones son políticamente difíciles de mantener y que cualquier reforma que reduzca la pensión real genera una reacción electoral intensa.
Las reformas de 2021 y 2023 restablecieron la revalorización de las pensiones con el IPC, aumentaron las cotizaciones (el Mecanismo de Equidad Intergeneracional) y reforzaron los ingresos del sistema. Este enfoque, más centrado en ingresos que en recortes, tiene lógica política, pero deja pendiente la cuestión del equilibrio a largo plazo (ficha 62).
5. Principios para un debate adulto
El taller propone cinco principios. Primero, transparencia: cuentas del sistema claras, separando lo contributivo de lo no contributivo, y proyecciones públicas actualizadas con escenarios. Segundo, equidad intergeneracional: ninguna generación debe soportar una carga desproporcionada; los cambios deben repartirse entre jubilados actuales (por ejemplo, con revalorizaciones moderadas en pensiones altas) y futuros. Tercero, sostenibilidad creíble: reglas que se mantengan y que no dependan del ciclo electoral, con revisión periódica por un órgano independiente. Cuarto, suficiencia para los más vulnerables: proteger las pensiones bajas, especialmente las de mujeres con carreras interrumpidas. Quinto, complementariedad: desarrollar sistemas de ahorro complementario, sobre todo de empleo, con incentivos y protección.
Cualquier reforma debe ir acompañada de políticas de ingresos que mejoren la base: más empleo, mejores salarios, mayor productividad, más natalidad y migración ordenada. El mejor sostén de las pensiones es una economía con trabajadores bien pagados.
El problema de las pensiones es, en realidad, un problema de economía y de demografía, no un problema contable. Las discusiones sobre tipos de cotización y fórmulas de cálculo son importantes, pero secundarias respecto a la necesidad de un país con más empleo productivo.