I+D Universidad Industria Innovación
1. El gasto en I+D: lejos del objetivo europeo
España destina a I+D en torno al 1,4–1,5 % del PIB, frente a una media de la UE superior al 2,2 % y a objetivos nacionales del 2 %. Además, la proporción de inversión privada es baja: apenas la mitad del gasto en I+D es empresarial, mientras que en Alemania, Suecia o Corea supera los dos tercios. Las empresas españolas son pequeñas y están especializadas en sectores de baja intensidad tecnológica, y no invierten porque su modelo de negocio no lo exige. Es un círculo: poca innovación, poca productividad, poca capacidad para innovar.
Los resultados se ven en patentes (España está por debajo de su peso económico), en la presencia en el ranking de grandes empresas tecnológicas y en la fuga de talento: muchos científicos, ingenieros y doctores jóvenes emigran por falta de oportunidades y de salarios competitivos. La ciencia española es de calidad en términos de publicaciones (es el noveno o décimo país del mundo en producción científica), pero la transferencia a la economía es débil.
La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (reformada en 2022) intenta mejorar la carrera científica con contratos estables, la Agencia Estatal de Investigación y nuevos instrumentos de transferencia. La implementación es lenta y exige financiación creciente.
2. Universidades: calidad, financiación y gobernanza
España tiene 50 universidades públicas y unas 40 privadas. La mayoría de las universidades públicas está infrafinanciada respecto a la media de la OCDE, con plantillas envejecidas, un alto porcentaje de profesores asociados con contratos precarios y dificultad para atraer talento internacional. La gobernanza (rectores elegidos por la comunidad universitaria, endogamia en la contratación, escasa evaluación del desempeño) limita la capacidad de adaptación. Hay universidades con buen posicionamiento en rankings internacionales en ciertos campos, pero ninguna en el puesto más alto de las clasificaciones generales.
La proliferación de universidades privadas con calidad desigual, algunas de las cuales funcionan como negocios con escasa actividad investigadora, y la reforma de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, 2023), con el objetivo de reducir la precariedad y mejorar la gobernanza, son parte del debate. La competencia entre universidades por estudiantes y recursos debe combinarse con requisitos de calidad exigentes y con transparencia en resultados (empleabilidad, salarios de egresados, tasas de abandono).
Una política universitaria seria exigiría: financiación basada en resultados, carrera académica clara con evaluación, apertura internacional (contratación abierta de profesores extranjeros), conexión con empresas, formación a lo largo de la vida y reforma de la gobernanza para incluir miembros externos con conocimiento del entorno productivo.
3. Conexión universidad-empresa y transferencia de tecnología
La transferencia de conocimiento es el eslabón débil. Las oficinas de transferencia tecnológica (OTRI) tienen pocos recursos, las patentes universitarias rara vez se licencian y la cultura académica valora más las publicaciones que las spin-offs. El sistema de incentivos a la carrera investigadora (sexenios) premia artículos en revistas internacionales, pero apenas considera la colaboración con empresas. Por otro lado, las empresas, sobre todo las pymes, no suelen buscar a los grupos de investigación para resolver problemas productivos.
Experiencias que funcionan: los centros tecnológicos (Tecnalia, Eurecat, ITE, ITENE), los clústeres industriales regionales (Euskadi, Cataluña, Comunidad Valenciana), los institutos Fraunhofer en Alemania, que sirven de modelo para una red de institutos aplicados con financiación mixta (pública y contratos con empresas). España tiene ejemplos modestos que podrían ampliarse.
Una política de transferencia requiere intermediarios con capacidad (gestores de innovación con perfil técnico y empresarial), capital semilla y capital riesgo para spin-offs, compra pública innovadora (la Administración como primer cliente de tecnología nacional) y fiscalidad favorable a la innovación (deducciones por I+D que funcionen realmente, con reducción de la inseguridad jurídica que las rodea).
Hay también un problema de incentivos: en la carrera académica se valoran las publicaciones más que las patentes o los contratos con empresas, de modo que los investigadores tienen pocos estímulos para transferir.
4. Política industrial: qué funciona y qué no
La política industrial ha vuelto al centro del debate europeo tras la pandemia y la guerra de Ucrania, con la Ley de Chips, el Plan Industrial del Pacto Verde, y las reacciones a la Inflation Reduction Act estadounidense. España ha lanzado los PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) con fondos europeos Next Generation, en vehículo eléctrico, salud, agroalimentación, energías renovables, hidrógeno, microelectrónica, naval, aeroespacial y otros. Los resultados son desiguales: algunos proyectos avanzan (fábricas de baterías en Valencia, Zaragoza y Extremadura), otros se retrasan o fracasan por falta de demanda o de ejecución.
La experiencia histórica enseña que la política industrial funciona cuando: está enfocada en sectores con ventaja comparativa, se basa en competencia y evaluación, ofrece financiación condicionada a resultados, coordina infraestructuras, formación y suelo, y tiene horizontes largos. Y fracasa cuando se convierte en subvención sin condiciones, en protección de empleos declinantes o en una lista de deseos.
Para España, los sectores con mejor perspectiva incluyen: energías renovables y almacenamiento, automoción electrificada, agroalimentación avanzada, farmacéutica y biotecnología, aeroespacial, economía azul, turismo de alto valor y servicios digitales. La suma de ventajas (energía barata, talento, ubicación, infraestructuras) debe convertirse en proyectos que escalen.
En cualquier caso, las ayudas públicas deben tener condiciones de resultado, calendarios de salida y evaluación independiente, para evitar que se conviertan en subvenciones permanentes.
5. Propuesta del taller
El taller propone: un compromiso de aumentar el gasto en I+D hasta el 2 % del PIB en una década, con reglas estables; una carrera científica y universitaria con contratos estables y evaluación; una red de centros tecnológicos aplicados; compra pública innovadora; incentivos fiscales claros y estables a la I+D empresarial; políticas de atracción y retención de talento (visados, fiscalidad); y una política industrial selectiva con evaluación independiente, que priorice la energía, la formación y la logística como base.
También es esencial la coordinación: la competencia en ciencia está repartida entre Estado y comunidades, y la fragmentación impide alcanzar masa crítica. Una agencia única de financiación competitiva y una estrategia común evitarían duplicidades. La innovación no es un lujo: es la manera de pagar el Estado del bienestar en un país que envejece.
Se propone también una agencia de financiación de la investigación con gestión profesional e independiente, convocatorias estables con calendario previsible y evaluación por pares internacional, de manera que los investigadores no pierdan años en trámites; una carrera científica con plazas estables y reducción de la precariedad; incentivos fiscales eficaces y simples para la I+D empresarial; y compra pública innovadora, utilizando la demanda pública como motor de nuevos productos. Todo ello sin perder de vista que los resultados llegan en una década, y que la constancia es más importante que los grandes anuncios.