Competencia CNMC Banca Alimentación
1. Competencia y bienestar: por qué importa
La competencia es la principal defensa del consumidor frente a precios abusivos y la mejor palanca para la innovación. España cuenta con una autoridad independiente (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC) que investiga cárteles, abusos de posición dominante y concentraciones, y supervisa sectores regulados (energía, telecomunicaciones, transporte, audiovisual). Ha impuesto multas significativas (cárteles de autobuses, de sobres de papel, de empresas de seguridad, de supermercados en algunos casos), pero algunas decisiones se anulan en tribunales y las multas se pagan tarde.
El efecto de la falta de competencia es difícil de cuantificar, pero se estima que los sobreprecios por cárteles en España pueden suponer miles de millones. La concentración sectorial aumenta, y varios sectores (banca, energía, supermercados, telefonía, aerolíneas) están dominados por pocas empresas. En una economía de pymes, la capacidad de negociar de los pequeños proveedores y de los consumidores es limitada, y es donde la regulación tiene más sentido.
La política de competencia no persigue castigar a las empresas grandes por serlo, sino impedir comportamientos que perjudiquen a consumidores y a competidores. Una empresa grande y eficiente que lo es por haber ofrecido mejores productos beneficia a los consumidores; lo que se debe perseguir es la colusión, los abusos y las concentraciones que reducen la competencia.
2. Banca: concentración, comisiones y servicio al cliente
El sector bancario español pasó de más de 50 entidades a menos de una docena de grupos tras la crisis de 2008 y las cajas de ahorros. Los cinco mayores controlan más del 70 % de los activos. La concentración ha mejorado la solvencia del sistema, pero ha reducido la competencia, especialmente en zonas rurales donde han cerrado oficinas, y en comisiones. Los beneficios récord de la banca en 2023–2024 gracias a la subida de tipos, sin que subiera la remuneración de los depósitos al mismo ritmo, provocaron un debate sobre el reparto. El Gobierno estableció un gravamen temporal a banca y energéticas en 2023, prorrogado y luego convertido en un impuesto de duración incierta.
El consumidor bancario sufre ciertas prácticas: comisiones opacas, venta cruzada de productos, cláusulas abusivas (cláusulas suelo, IRPH, gastos hipotecarios, tarjetas revolving, cuyos conflictos han generado decenas de miles de procedimientos judiciales y sentencias del TJUE favorables a los consumidores), cierre de oficinas y exclusión financiera de personas mayores o con baja alfabetización digital. La Ley de Servicios de Atención a la Clientela (2022) obliga a responder a reclamaciones en plazo, y el Banco de España tiene un servicio de reclamaciones cuyas resoluciones no son vinculantes.
Una agenda de mejora incluiría: transparencia de comisiones y comparación simple, portabilidad de datos (open banking), refuerzo del arbitraje y de resoluciones vinculantes en consumo, derecho universal a una cuenta básica gratuita, atención presencial mínima en zonas rurales y mayores y supervisión de las prácticas comerciales. Y la entrada de nuevos competidores (fintech, bancos digitales) con regulación proporcional.
3. Alimentación: del campo a la cesta de la compra
La inflación de alimentos en 2022–2024 (con picos superiores al 15 %, y con casos extremos como el aceite de oliva, que triplicó su precio por la sequía) golpeó a los hogares. La cadena alimentaria tiene tres eslabones: productores (agricultores y ganaderos, fragmentados y con escaso poder negociador), industria y distribución (muy concentrada: cinco grandes grupos de supermercados controlan la mayor parte del mercado). Los agricultores protestan por precios que no cubren costes, y los consumidores por precios altos: la diferencia entre el precio en origen y en destino (el «diferencial de precios») es un asunto recurrente.
La Ley de la Cadena Alimentaria (2013, reformada en 2021) prohíbe la venta a pérdidas, exige contratos por escrito, plazos de pago y que los precios cubran el coste de producción. La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) inspecciona y sanciona. Los resultados son discretos, y el poder de la gran distribución persiste. El consumidor se enfrenta también a la «reduflación» (reducción del contenido de productos sin bajar el precio) y a la opacidad de etiquetas.
Medidas útiles: mayor transparencia de márgenes en la cadena, fomento de cooperativas y de canales cortos, apoyo a la entrada de nuevos competidores y a la distribución regional, y un buen uso de los precios de referencia. Las intervenciones de precios máximos no han funcionado en ningún país; lo que funciona es la competencia y la información.
4. Telecomunicaciones, transporte y otros mercados
España tiene una cobertura de fibra óptica y de 5G entre las mejores de Europa, con precios por debajo de la media gracias a la competencia entre operadores. Pero el sector ha pasado de cuatro operadores con redes propias a una concentración creciente (fusiones de Orange–MásMóvil, Vodafone–Zegona), con riesgos de menor competencia y de subidas de precios. La CNMC y la Comisión Europea han condicionado las operaciones. Los precios de las tarifas «convergentes» (fibra, móvil, televisión) han subido en los últimos años por encima de la inflación en algunos paquetes.
En transporte, el sector aéreo tiene posición dominante de algunas aerolíneas en rutas concretas (con ayudas de estado en la pandemia y debates sobre tasas aeroportuarias), el ferrocarril de alta velocidad ha abierto a la competencia (Ouigo, Iryo), con una reducción de precios y aumento de viajeros que demuestran el efecto de la competencia. La experiencia del AVE liberalizado es un caso de éxito que podría repetirse en otros sectores.
También requieren vigilancia los mercados de combustibles (con márgenes de las estaciones de servicio y concentración en distribución mayorista), seguros, servicios funerarios, notarios y registradores, colegios profesionales con tarifas orientativas y barreras de entrada que reducen la competencia en profesiones reguladas.
5. Propuesta del taller
El taller propone reforzar el sistema de defensa de la competencia: más recursos y más personal para la CNMC; procedimientos más ágiles y multas disuasorias; programa de clemencia para delatores de cárteles; acciones colectivas de consumidores con facilidad probatoria; revisión de las barreras de acceso a profesiones reguladas; evaluación obligatoria del impacto en competencia de cada nueva norma; y un enfoque de «consumidor primero» que simplifique la reclamación y la resolución de conflictos.
En precios, evitar los topes generalizados y focalizar las ayudas en los hogares vulnerables, con apoyo a la competencia como política estructural. Y en consumo, reforzar la educación financiera y digital para que el consumidor pueda decidir con información.
Se propone también publicar los datos de márgenes y precios a lo largo de la cadena alimentaria, reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria para proteger a los productores frente a ventas a pérdida, facilitar la portabilidad entre operadores bancarios y de telecomunicaciones, simplificar el cambio de compañía y sancionar con firmeza las prácticas abusivas. Una autoridad de competencia con recursos suficientes y capacidad de investigación de oficio, independiente del Gobierno de turno, es más eficaz que los controles administrativos de precios. Para sectores con barreras de entrada altas, como la distribución eléctrica o la banca, es conveniente la vigilancia continuada de márgenes y de condiciones de acceso, con facultades para imponer remedios estructurales cuando haya abuso de posición dominante. Finalmente, la educación financiera y la transparencia de las ofertas son elementos esenciales para que los consumidores puedan comparar y cambiar con facilidad.