Empleo Reforma laboral SMI Jornada
1. El paro estructural y sus causas
España ha tenido históricamente una de las tasas de paro más altas de Europa, con picos del 26 % en 2013 y un nivel estructural que se mantiene por encima del 10 % incluso en fases de crecimiento. Es una particularidad difícil de explicar por una sola causa. La literatura apunta a: un mercado dual (indefinidos muy protegidos y temporales muy precarios), una estructura productiva intensiva en sectores estacionales, una negociación colectiva con efectos sobre empresas pequeñas, desajuste educativo, falta de políticas activas eficaces y baja movilidad geográfica por el precio de la vivienda.
El empleo ha crecido a un ritmo notable en 2022–2025, con récords de afiliación a la Seguridad Social (más de 21 millones), apoyado por la inmigración, el turismo y la reforma laboral. La tasa de paro ha bajado del 15 % al 10–11 %. Pero la brecha con la media europea (6 %) sigue siendo significativa, y el paro juvenil y de larga duración persiste. Además, la tasa de empleo (porcentaje de población en edad de trabajar que trabaja) mejora, pero con salarios que no siguen la inflación.
Algunos economistas señalan que el «paro estructural» está disminuyendo, y que parte del desempleo registrado oculta empleos en la economía sumergida. Otros destacan que el crecimiento reciente se basa en empleos de baja productividad. Ambas lecturas son compatibles.
2. La reforma laboral de 2021
El Real Decreto-ley 32/2021, fruto de un acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal, eliminó el contrato de obra o servicio, limitó los contratos temporales a causas justificadas y reforzó los contratos fijos discontinuos. También recuperó la ultraactividad de los convenios colectivos y limitó la subcontratación (convenio del sector de la actividad principal), pero mantuvo buena parte de la reforma de 2012 (indemnización por despido, causas objetivas). Los resultados en términos de temporalidad han sido visibles: la tasa de temporalidad general ha pasado de alrededor del 25 % a cerca del 15 %.
Sin embargo, parte de la bajada es contable: los fijos discontinuos (que se cuentan como indefinidos) han aumentado mucho, a veces con una actividad efectivamente parecida a la de un temporal. El empleo temporal público sigue elevado (ver ficha 33). Y la rotación de contratos, medida en entradas y salidas del empleo, sigue siendo alta. El balance es positivo pero incompleto: se redujo la temporalidad formal, no la dualidad de fondo.
El diálogo social que respaldó la reforma fue un activo político: una reforma pactada tiene más estabilidad que una impuesta. Esa lección vale para otras reformas, como pensiones o vivienda.
Por eso, la reforma tiene un balance positivo, pero su sostenibilidad depende de que se mantenga la inversión en formación y la inspección eficaz del fraude en la contratación.
3. Salario mínimo, negociación colectiva y salarios reales
El salario mínimo interprofesional (SMI) ha subido más de un 60 % desde 2018, hasta situarse en torno a los 1.200 euros mensuales en 14 pagas. La evidencia empírica reciente (informes del Banco de España y de la AIReF) sugiere que las subidas hasta ahora han tenido un efecto moderado sobre el empleo, con pérdidas pequeñas en colectivos concretos (jóvenes, trabajadores poco cualificados en zonas de bajos salarios) y mejoras para millones de trabajadores. Un SMI alto en relación al salario mediano (en torno al 60 %) es normal en Europa y no parece excesivo, aunque el efecto puede ser distinto en comarcas de baja productividad.
La negociación colectiva cubre a más del 80 % de los trabajadores, con convenios sectoriales provinciales o autonómicos que fijan mínimos comunes. Es un sistema con ventajas (cobertura amplia, paz social) y desventajas (rigidez para empresas con distinta productividad, convenios obsoletos, estructura fragmentada). Los salarios reales han crecido poco en la última década, y los efectos de la inflación 2021–2023 se han recuperado solo en parte.
La estructura salarial muestra que el problema no es solo el nivel del SMI, sino la productividad y la distribución. Aumentar salarios sin mejora de productividad se traslada a precios o a destrucción de empleo; mejorar productividad sin repartirla produce descontento. Se necesita una política conjunta.
4. Jornada, despido, absentismo y flexibilidad
El debate sobre la reducción de la jornada legal de 40 a 37,5 horas semanales, que el Gobierno impulsó en 2025 con el apoyo de los sindicatos y la oposición de la patronal y de varios grupos parlamentarios, terminó con un rechazo en el Congreso en septiembre de 2025. Sus defensores sostenían que mejora la conciliación y la productividad por hora; sus detractores, que perjudica a pymes y a sectores con poca flexibilidad y que se debe pactar por convenio. La evidencia internacional es mixta: las reducciones de jornada pactadas, en sectores con altos niveles de productividad, pueden ser positivas; las impuestas por ley, con efectos más ambiguos.
Otros debates afectan a la indemnización por despido (33 días por año en el improcedente, tras la reforma de 2012, con un tope), objeto de críticas desde el Comité Europeo de Derechos Sociales por no reparar suficientemente el daño, y al absentismo, que ha crecido de manera notable (más del 6 % de las horas pactadas no trabajadas por incapacidad temporal). La gestión de las bajas, compartida entre Seguridad Social y mutuas, y el control médico merecen revisión.
En el fondo, el mercado de trabajo español necesita más flexibilidad interna (ajustar horarios y tareas sin despidos) y menos dualidad, combinada con protección social adecuada. Un modelo de «flexiseguridad» a la danesa exigiría políticas activas muy eficaces, que hoy no existen.
5. Políticas activas y propuesta del taller
Las políticas activas de empleo (orientación, formación, intermediación) están transferidas a las comunidades autónomas, con servicios públicos de empleo que funcionan con desigual calidad y con sistemas informáticos poco integrados con el SEPE. El gasto en políticas activas es inferior al de los países de referencia, y la evaluación de resultados es débil. La AIReF concluyó que muchos programas tienen efectos modestos o desconocidos.
El taller propone: servicios públicos de empleo con orientación personalizada y colaboración con empresas; un sistema de formación continua con cheque individual; apoyo a la FP dual; incentivos a la contratación indefinida de jóvenes y parados de larga duración, con condiciones; una evaluación continua de programas; y diálogo social para reformar la negociación colectiva (convenios más ágiles y adaptables). La reforma laboral no ha terminado: la siguiente generación es de gestión y de formación.
Una propuesta complementaria es la de evaluar sistemáticamente cada programa de empleo con grupos de control, y financiar solo lo que demuestre resultados, lo que redirigiría recursos desde la formación nominal hacia las acciones con eficacia comprobada. La reducción de jornada, la subida del salario mínimo y los permisos nuevos son opciones legítimas, pero deben aplicarse con una evaluación de su impacto en el empleo de las pymes y en la economía sumergida, y con transiciones graduales. Y conviene reforzar el papel de los servicios públicos de empleo como puente real entre quien busca trabajo y quien lo ofrece, con ratios de orientadores comparables a las de los países nórdicos.