Deuda pública Déficit Reglas fiscales Intereses
1. Los números: deuda, déficit e intereses
La deuda pública española ronda el 100–102 % del PIB, unos 1,6 billones de euros, una cifra que se ha estabilizado a la baja desde el pico de 2020 gracias al crecimiento del PIB nominal y a la inflación. El déficit público ha bajado desde cifras del 10 % del PIB en 2020 al entorno del 3 % en 2024–2025, todavía por encima del objetivo de estabilidad. El pago de intereses de la deuda supera los 35.000–40.000 millones de euros anuales, más que el presupuesto de varios ministerios y más que lo destinado a defensa o a educación en términos de partida individual. Es un coste que sube a medida que se refinancia deuda barata con deuda cara.
España tiene una posición menos vulnerable que a principios de la década de 2010: la vida media de la deuda es larga (más de 8 años), el Banco Central Europeo mantiene un colchón de seguridad con el programa de compras y el instrumento de protección de la transmisión (TPI), y la prima de riesgo ha convergido con la de Italia y está cerca de la de Francia. Pero una deuda cercana al 100 % del PIB reduce el margen de maniobra ante una nueva crisis, y los intereses compiten con otras prioridades.
Además, hay un déficit «estructural» (independiente del ciclo) estimado por la AIReF y la Comisión entre el 2,5 y el 3,5 % del PIB, lo que significa que, incluso con crecimiento, el Estado gasta más de lo que ingresa. La causa es el gasto creciente en pensiones, sanidad y dependencia, sin un aumento equivalente de ingresos.
2. Las reglas fiscales: del art. 135 al nuevo pacto de estabilidad
El art. 135 de la Constitución, reformado en 2011, establece que todas las administraciones deberán adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria, con un límite de déficit estructural y de deuda fijado por la UE, y que el pago de intereses y capital de la deuda goza de prioridad absoluta. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (2012) desarrolló la regla de gasto, el techo de deuda por administración y las sanciones. Estas normas fueron suspendidas durante la pandemia y en la crisis posterior.
El nuevo marco europeo de gobernanza económica, vigente desde 2024, sustituye los límites uniformes del 3 % y del 60 % por planes fiscales-estructurales nacionales de cuatro o siete años, con una trayectoria de gasto neto negociada con la Comisión. Se mantiene el objetivo de déficit del 3 % y se exige una reducción anual de la deuda cuando supera el 60 %. España presentó su plan, con un crecimiento del gasto neto compatible con el ajuste. El nuevo marco da más margen para inversión y reformas, a cambio de un seguimiento más estricto de la trayectoria.
Las reglas fiscales son, a menudo, procíclicas y fáciles de eludir con contabilidad creativa, pero cumplen la función de ancla de credibilidad: evitan que cada gobierno gaste en función del ciclo electoral. Un buen diseño exige reglas simples, transparentes y vigiladas por un órgano independiente (en España, la AIReF).
3. Presupuestos prorrogados y gasto fuera de control
España ha vivido varios años con Presupuestos Generales del Estado prorrogados (2024 y 2025 se mantuvieron sobre la base de los de 2023), lo que supone que el Gobierno gestiona con la autorización anterior, sin incluir nuevas prioridades, y con mayor discrecionalidad mediante decretos-leyes y créditos extraordinarios. La falta de presupuestos nuevos deteriora la planificación, el control parlamentario y la calidad del gasto. Es una consecuencia directa de la fragmentación parlamentaria y de la falta de pactos.
Además, hay gasto con escasa evaluación: subvenciones sin objetivos, convenios directos, fondos europeos ejecutados con prisas, programas con duplicidades y gasto fiscal (beneficios fiscales) por valor de decenas de miles de millones al año sin evaluación periódica. La AIReF ha realizado revisiones del gasto (spending reviews) en subvenciones, políticas activas de empleo, gasto en medicamentos y otros ámbitos, con propuestas de ahorro y mejora. La aplicación de sus recomendaciones ha sido parcial.
La disciplina fiscal no consiste solo en recortar, sino en gastar mejor. La calidad del gasto (evaluar, priorizar, cerrar programas ineficaces) permite financiar nuevas prioridades sin aumentar la presión fiscal. El problema es político: cada programa tiene beneficiarios que lo defienden.
Un presupuesto prorrogado no es en sí mismo una catástrofe, pero impide incorporar prioridades nuevas y deja sin ajustar partidas a la inflación o a las necesidades.
4. Los costes ocultos: pensiones, envejecimiento y pasivos contingentes
La deuda explícita no es el único compromiso. El envejecimiento acelerará el gasto en pensiones, sanidad y dependencia en las próximas décadas: la Comisión Europea y la AIReF estiman incrementos del gasto relacionado con el envejecimiento de varios puntos de PIB hacia 2050. La generación del baby boom (nacida entre 1958 y 1977) se jubilará en las próximas dos décadas. Existen también pasivos contingentes: avales públicos (ICO, SEPI), garantías, litigios (laudos de renovables) y el coste de eventos climáticos extremos.
El rescate bancario de 2012 costó al erario público entre 40.000 y 65.000 millones según los cálculos, de los que se ha recuperado una parte menor. La experiencia muestra que los pasivos contingentes se activan en las crisis y se pagan con deuda. Una gestión prudente exige transparencia sobre estos riesgos y reservas para afrontarlos.
La deuda debe verse también como un instrumento legítimo cuando financia inversiones con retorno (infraestructuras, educación, rehabilitación energética, vivienda). Lo problemático es financiar con deuda gasto corriente permanente, porque traslada la carga a las generaciones futuras sin contrapartida.
También conviene vigilar los avales públicos, las garantías a empresas públicas, las deudas de las comunidades con el Estado a través de los fondos de liquidez, y los compromisos de las concesiones, que pueden materializarse en pasivos futuros.
5. Propuesta del taller: cuatro reglas de higiene fiscal
El taller propone cuatro reglas. Primera: presupuestos plurianuales con techo de gasto y objetivos, aprobados con calendario y consecuencias por incumplimiento (por ejemplo, cese automático de límites de nuevos gastos si no se aprueban presupuestos). Segunda: evaluación independiente obligatoria de todos los programas de gasto relevantes, con publicación y plazo de respuesta del Gobierno. Tercera: regla de inversión: la deuda para inversión productiva es admisible si se acompaña de evaluación de retorno; el déficit corriente no. Cuarta: transparencia sobre pasivos contingentes y gasto fiscal.
Además, una «regla de generaciones»: ninguna reforma que aumente permanentemente el gasto por envejecimiento debería aprobarse sin explicar cómo se financia a 20 años. Esto no es austeridad, es honestidad con los jóvenes: quienes pagarán la factura merecen saber de qué se trata.
Segunda: un consejo fiscal independiente con acceso a todos los datos y obligación de publicar informes sobre el cumplimiento de las reglas. Tercera: evaluación sistemática de las políticas de gasto, con eliminación o reforma de las que no funcionan. Cuarta: una senda creíble de reducción de la deuda en tiempos de bonanza, que dé margen para actuar en la siguiente crisis, evitando que el ajuste se haga en plena recesión como ocurrió en 2010-2012. La regla de generaciones obligaría a que toda ampliación estructural de gasto vaya acompañada de una fuente de financiación identificada, de modo que el coste no se traslade silenciosamente a los más jóvenes.