Schengen Migración Gibraltar Política exterior
1. Schengen: libertad de circulación y externalización de costes al sur
El espacio Schengen, que suprimió los controles en las fronteras interiores, es uno de los mayores logros prácticos de la integración europea y un beneficio cotidiano para millones de personas: viajar, trabajar y estudiar sin pasaportes. Pero su diseño tiene una asimetría estructural: la seguridad de todo el espacio depende de que los países de la frontera exterior (España, Italia, Grecia, Malta, Polonia, Finlandia) controlen eficazmente sus tramos. España custodia, con su costa atlántica y mediterránea y sus ciudades de Ceuta y Melilla, una de las fronteras más sensibles de la Unión, pero la carga de ese control (patrulleras, personal, centros de acogida, procedimientos de asilo) recae sobre su presupuesto, con un apoyo europeo parcial a través de Frontex y de fondos específicos.
El resultado es lo que se ha llamado la externalización de los costes de la política migratoria: los países receptores primarios asumen la gestión y la responsabilidad, mientras los destinos finales de muchos migrantes (Alemania, Francia, Países Bajos, países nórdicos) mantienen una política más restrictiva en el interior. La regla de Dublín (el país de primera entrada es responsable de la solicitud de asilo) ha intentado fijar esta lógica, con movimientos secundarios que acaban generando tensiones y controles temporales internos, hoy reintroducidos por varios Estados.
En el caso español, la mayor parte de los inmigrantes irregulares no tiene como destino otros países europeos, sino permanecer en España, y la Unión no es la causa de la presión migratoria. Pero la pertenencia a Schengen implica que España es corresponsable ante sus socios de la vigilancia de la frontera sur, y que cualquier error o desbordamiento tiene costes políticos europeos. Es una carga que se acepta como contrapartida de la libertad de circulación, pero que debería compensarse con una solidaridad más efectiva.
2. El Pacto Europeo de Migración y Asilo: solidaridad a la carta
El Pacto de Migración y Asilo aprobado en 2024 y de aplicación a partir de junio de 2026 establece procedimientos de selección en frontera, un reglamento de gestión del asilo y la migración con un mecanismo de «solidaridad obligatoria pero flexible»: los Estados pueden optar entre acoger solicitantes reubicados, aportar compensación financiera (inicialmente fijada en 20.000 euros por persona no reubicada) o apoyo operativo. El resultado práctico es que los países de primera entrada siguen siendo los principales responsables, con una compensación financiera que puede no cubrir el coste real y con una reubicación efectiva muy limitada, como ha ocurrido con mecanismos anteriores (apenas se cumplieron las cuotas de 2015).
España ha defendido el pacto como un avance, a pesar de sus limitaciones, por su dimensión de reparto de responsabilidades. Pero las experiencias previas, y la resistencia de países como Hungría y Polonia, advierten de que la solidaridad real es escasa cuando no es obligatoria y de que la reubicación no es popular. Los países del este que se oponen a la reubicación han sido, sin embargo, grandes receptores de fondos europeos, lo que alimenta la crítica de que la solidaridad es unidireccional.
El pacto incluye también acuerdos con terceros países (Túnez, Mauritania, Egipto) que condicionan fondos al control migratorio, con críticas por la situación de los derechos humanos en esos países y por su efectividad. La externalización de fronteras tiene un precio ético y político, y depende de la voluntad de regímenes que no siempre comparten los valores europeos, por lo que genera vulnerabilidad estratégica: quien controla el grifo migratorio puede utilizarlo como arma de presión, como ha hecho Marruecos en 2021.
3. Brexit y Gibraltar: lo que se juega España
La salida del Reino Unido (2020) cambió el equilibrio de poder dentro de la UE, privándola de un contrapeso liberal y de una potencia militar y diplomática, y obligó a España a replantear sus relaciones: el Reino Unido es uno de sus principales mercados turísticos y un gran inversor, con cientos de miles de residentes británicos en España. Brexit abrió también una oportunidad en Gibraltar: tras años de negociaciones, en junio de 2025 se alcanzó un acuerdo político entre la UE, España y el Reino Unido para eliminar los controles fronterizos en la verja, con presencia de funcionarios de Schengen en el puerto y aeropuerto gibraltareños, un marco fiscal y de cooperación que reduce el contrabando y beneficia a los casi 15.000 trabajadores transfronterizos del Campo de Gibraltar.
La cuestión de la soberanía británica sobre el Peñón, que España no reconoce, queda formalmente intacta, lo que provoca críticas de quienes consideran que el acuerdo cierra en falso un problema histórico. Y otros señalan que España ha sacrificado el único elemento de presión (el control fronterizo) a cambio de beneficios económicos para la comarca. Desde un punto de vista pragmático, el acuerdo resuelve problemas cotidianos para miles de personas, pero deja abiertas las preguntas de soberanía y de bases militares.
El caso de Gibraltar ilustra lo que significa la UE para España: sin el marco europeo, la negociación bilateral con el Reino Unido hubiera sido mucho más desigual; con ese marco, España consiguió un acuerdo que no hubiera obtenido sola, pero a cambio ha tenido que aceptar un compromiso que no resuelve sus aspiraciones históricas. Es un ejemplo de beneficio con coste.
4. Política exterior común: ventaja de escala, pérdida de autonomía
La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) se decide por unanimidad, lo que otorga a España un poder de veto, pero también la paraliza con frecuencia por el bloqueo de un solo Estado. España ha dedicado un esfuerzo diplomático considerable a influir en la política europea hacia América Latina (el Acuerdo con Mercosur, los acuerdos con México y Chile), el Mediterráneo y el Sahel, con éxito dispar: la agenda europea está dominada por Rusia y Ucrania, el eje del este y las prioridades de Alemania y Francia. En asuntos como el reconocimiento de Palestina, que España impulsó en 2024 con Irlanda, Noruega y otros, la unidad europea se rompe, lo que revela la dificultad de una voz común.
La pertenencia a la UE ha implicado también costes geopolíticos: sanciones a Rusia con efectos en los precios de la energía y los fertilizantes, la contribución a la ayuda militar y financiera a Ucrania (decenas de miles de millones de euros de la Unión, con una parte proporcional española) y el compromiso con una política de seguridad cuya prioridad es el flanco oriental, lejano de los intereses vitales españoles en el sur. La guerra de Ucrania ha mostrado una cierta distancia entre las percepciones de amenaza de Polonia o los países bálticos y las de España, más preocupada por el Magreb y el Sahel.
La UE ofrece a España una escala diplomática y comercial que no tendría sola: negocia acuerdos comerciales con los principales socios globales, y la fuerza de un bloque de 450 millones de consumidores pesa más que un país de 48 millones. A cambio, hay que aceptar que las prioridades europeas no siempre serán las españolas y que hay asuntos (Sáhara, relaciones con Marruecos y Argelia, América Latina) en los que Madrid debe buscar activamente el respaldo europeo en lugar de darlo por supuesto.
5. Balance del capítulo: carga y compensación
La carga de la pertenencia a la UE en materia de fronteras y geopolítica es doble: responsabilidad desproporcionada como país de frontera exterior sur (con compensación insuficiente) y costes de oportunidad derivados de agendas ajenas a sus intereses prioritarios. Estas cargas se compensan en parte con la protección que ofrece la pertenencia al bloque en materia de seguridad económica, comercio y respaldo político ante terceros países, pero la compensación no es automática ni garantizada.
El taller propone cuatro exigencias a Bruselas: una solidaridad migratoria efectiva con financiación suficiente y reubicación real; una dotación mucho mayor de Frontex y de los fondos de frontera exterior; un enfoque euro-mediterráneo con peso político equivalente al del flanco oriental; y una política exterior más ágil que permita decisiones por mayoría cualificada en ciertos ámbitos. Y una exigencia interna: no hacer de la política europea una mera cuestión de retórica, sino de gestión profesional, con cuadros diplomáticos y técnicos de primer nivel.
Los costes existen y se pagan, pero son el precio de pertenecer a una comunidad con ventajas muy superiores a la alternativa de un país mediano en soledad. La pregunta es si el precio sigue estando bien ajustado, y la respuesta honesta es que ha aumentado y que hay que renegociarlo.